La ingeniería financiera de nuestro Alcalde

No deja de sorprenderme la capacidad que tiene nuestro Alcalde para explicar los números de una forma tan sencilla y elocuente que hace pasar un incremento del endeudamiento de nuestro Ayuntamiento como una reducción del mismo, desde luego que hay que felicitarle por esa facilidad, que su halo de “gran gestor” acompaña, para ensimismar con los números y conseguir que un periodista titule como “La Ciudad reduce su carga financiera un 16% tras una refinanciación” lo que en realidad supone un aumento del endeudamiento y un alargamiento del plazo de pago, en román paladino es lo que realizan los malos pagadores cuando no pueden acometer el pago de las deudas, acudir a un nuevo préstamo para pagar el anterior y alargar el plazo creyendo que así podrá devolverlo. Lo malo que en este caso, a quien endeuda es a todos los ciudadanos y quienes se verán con las manos atadas, serán los próximos inquilinos del Palacio Municipal, quienes en vez de poder acometer sus políticas tendrán que pagar las deudas que dejará nuestro Alcalde.

La refinanciación del préstamo viene provocada por la deuda de unos tres millones de euros (unos quinientos millones de pesetas) que el Ayuntamiento mantiene con la empresa de aguas Acemsa que no puede pagar por falta de tesorería (y eso que la Portavoz del Gobierno nos decía que en el primer cuatrimestre había superávit). Acemsa, a su vez, mantiene otra deuda con la concesionaria de la desalinizadora, Cadagua, por el suministro de agua desde septiembre de 2.004 a abril de 2.005 más las obras de ampliación. Ante la solicitud de los intereses de demora por parte de la empresa Cadagua de las facturas no abonadas, nuestro Ayuntamiento ha tenido que idear una solución para evitar que los costes financieros agravaran la crisis por la que atraviesa Acemsa por lo mal pagador que es el Ayuntamiento.

Y uno se pregunta ¿cómo es que Acemsa no puede pagar el suministro de agua? Si en cuanto no pagas dos recibos te la cortan ¿Por qué necesita de la financiación del Ayuntamiento para pagar el agua a la desalinizadora? Puesto que en un funcionamiento racional de una empresa suministradora de agua, compra el agua a un precio ( en este caso a 0,5931 euros si es de la desalinizadora) y la vende a otro superior añadiendo los costes de personal y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la distribución, con esa simple operación no se necesitaría ningún tipo de subvención de nuestro Ayuntamiento. ¿Qué ocurre entonces para que sea necesaria la inyección de 4.765.050,55 euros por parte de la corporación municipal a la empresa Acemsa para pagar la desalación? Sencillamente el coste que pagamos es muy inferior al coste real del agua.

Los ingresos de Acemsa por agua (6.641.910,35 euros) apenas llegan para cubrir la totalidad de los gastos de la empresa, excluyendo el suministro de agua (6.309.107,68 euros), por lo que para hacer rentable la empresa sería necesario dividir los costes de la empresa menos los ingresos fijos por las cuotas mensuales de abono por el número de metros cúbicos de agua vendidos (unos cinco millones) lo que saldría un coste de 1,0014 euros por metro cúbico, que sumado al coste de suministro de agua, se obtendría un precio de venta aproximado de cada metro cúbico de 1,5946 (unas 265 pesetas), ello sin tener en cuenta el coste de la red de distribución que está cambiando el Ministerio de Medio Ambiente con su Presupuesto. Aún así, a ese precio Acemsa seguiría perdiendo dinero, pues a pesar de que factura unos cinco millones de metros cúbicos, compra unos nueve millones y medio, la diferencia se pierde por la mala situación de la red de abastecimiento, lo que le produce unas pérdidas de unos 450 millones de pesetas (si se pagan a precio de desalinizadora) y que haría aumentar el precio del metro cúbico en unos 0,54 euros, dejando el precio final en 2,13 euros (unas 355 pesetas), cuando el precio medio que pagamos actualmente es de 0,90 euros (unas 150 pesetas). Para evitar pagar el coste real del agua (coste que elevó el año pasado nuestro Alcalde un 15% al aprobar la modificación del contrato con Cadagua) se realiza la subvención del Ayuntamiento y en vez de pagar lo que consume cada uno, pagamos entre todos los contribuyentes esa diferencia entre el precio real y el precio de tarifa, cuestión que va en contra de cualquier principio económico pues debe tenderse a que cada servicio se pague por sí mismo.

Como todas las empresas municipales, Acemsa necesita de las subvenciones municipales para sobrevivir, pero en vez de realizar un análisis exhaustivo de su estructura para poder reducir costes, nuestro Alcalde se dedica a incrementar la plantilla, no porque sea necesario sino para que un padre pueda solucionar el grave problema que supone incrementar la familia, con la de paro que hay.

“Por un Mercado digno”

Desde hace aproximadamente un mes, unos cincuenta concesionarios del Mercado Central de Abastos, han lanzado una campaña que han denominado “Por un Mercado digno”, con la que quieren mostrar la situación de desamparo en la que se encuentra nuestra “Plaza”. El olvido a que está sometido el edificio y la falta de respuesta del Gobierno Municipal han colmado el vaso de la paciencia de esos concesionarios y han decidido movilizarse para salvar, no sólo el Mercado, sino sus puestos de trabajo.

La principal queja de los comerciantes es que desconocen su futuro, ¿qué va a suceder con el Mercado? Y no obtienen ninguna respuesta, el silencio por parte de la administración es absoluto, si a eso se añade la falta de mantenimiento del edificio, la escasa limpieza, los servicios tercermundistas, los numerosos puestos que se encuentran cerrados y a los que el Ayuntamiento no parece darles solución, y la falta de una ubicación para la parada de autobuses hacen temer a estos empresarios lo peor, algunos comentaban que “están dejando morir el mercado”. En todas sus reivindicaciones, estos comerciantes tienen razón, las promesas que el Sr. Vivas les ha realizado a ellos y a todos los ciudadanos sobre el nuevo mercado, se han visto incumplidas a lo largo de los cuatro años que lleva en el poder.

Hace aproximadamente un año se presentaba el estudio de la Empresa Mercasa sobre la viabilidad y reforma del Mercado (aquel que se encargó en enero de 2003 para analizar todos los mercados de la ciudad y que sólo se hizo del Mercado Central, dejando de lado al resto), y concluía “desde la convicción compartida” entre Procesa y Mercasa “de la validez del modelo Mercado como elemento motor y dinamizador de su área de influencia en la Ciudad, considerando la conveniencia de un nuevo emplazamiento para el Mercado Central”. El informe señalaba que una simple adecuación física de las instalaciones, no es suficiente sin una mejora en la estructura comercial y en los planteamientos empresariales de los concesionarios, quienes deben asumir y comprometerse con estos cambios. Pero difícilmente pueden implicarse los comerciantes en la viabilidad del Mercado, si ésta no se pone en marcha.

La nueva ubicación del Mercado se situaría en la parte libre de la manzana entre Jaudenes, Victori Gañalons y Gran Vía, en un edificio que utilizaría cuatro plantas para la explotación del mercado pero sin sótanos para aparcamientos y que reduce la superficie comercial de 4.721 m2 a 2.494 m2, debiéndose proceder a una selección de los concesionarios para reducirse su número. El coste de construcción ascendía a 9.610.750 euros (unos mil seiscientos millones de pesetas) a los que habría que añadir el valor de la expropiación de parte del solar más los costes que supondría el derribo y desalojo del antiguo,

Después de un año de la presentación del estudio, los comerciantes del Mercado siguen sin conocer el futuro que les espera, el gobierno del Señor Vivas, ante la falta de capacidad financiera del Ayuntamiento y la imposibilidad de que un promotor se haga cargo de su construcción a cambio de la ampliación de la edificabilidad del edificio pues serían necesarias dieciocho plantas para rentabilizar la inversión, ha aparcado la solución y ni siquiera se realizan las mínimas funciones de mantenimiento del viejo edificio, ni se les da una explicación a los concesionarios sobre qué soluciones se van a implementar. Un nuevo ejemplo de la falta de decisión de nuestro “gran gestor”, donde podemos observar el “gran esfuerzo” que realiza su gobierno para apoyar al sector comercial, una ayuda que tanto predica, pero que poco practica. Una política de embellecimiento (como son ahora esas fuentes cibernéticas de la Marina, “todo para el centro”), pero que no actúa sobre las estructura económica de nuestra ciudad, que no aporta soluciones para crear nuevos sectores productivos ni apoya a los que están en crisis, una política que sólo busca la propaganda, pero sin aportar una solución viable al desarrollo de nuestro pueblo.

Los comerciantes de nuestro Mercado de Abastos tienen el derecho a conocer cual será su futuro, unas 300 familias viven de nuestra Plaza, darles una solución es una obligación de nuestro Ayuntamiento, esperemos que al menos nuestro Alcalde se digne a recibirlos y a escuchar sus justas reivindicaciones. Déjense de tantos Informes y pónganse manos a la obra, nuestra ciudad necesita más acciones y menos palabras. “Por un Mercado digno” no podemos dejarlo morir.

Con el dolor no se juega

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) merece todo mi respeto, como defensora de los derechos de las personas que representa, pero también merece mi mayor respeto cualquier víctima del terror, sea cual sea éste y pertenezca a la asociación que libremente haya decidido. La AVT no es la única defensora de las víctimas y no puede arrogarse la voz de todas ellas.

Observamos cómo se utiliza el terrorismo como arma política, explotar el dolor de las víctimas supone dar a la política su dimensión más despreciable, más ruin. Buscar la confrontación de la sociedad, la ruptura de la misma a través de la utilización partidista de estas personas sólo provoca un estado de crispación que aísla a los ciudadanos en bloques estancos, bloques que cada día están más distanciados, más separados y que empiezan a verse más como enemigos que como conciudadanos que conviven en una sociedad. Bien deberían pensar nuestros políticos en dejar de utilizarlos para conseguir sus fines electorales y empezar a trabajar conjuntamente para acabar con la lacra del terrorismo.

Todos los presidentes de Gobierno (a excepción de D. Leopoldo Calvo Sotelo, debido a la brevedad de su mandato) han tenido conversaciones con la banda terrorista, la única diferencia que se produce ahora es que el Sr. Rodríguez Zapatero ha solicitado la autorización del Congreso para iniciar las negociaciones cuando la banda terrorista deje las armas, puede ser una opción acertada o errónea, pero es su opción, y como todos sus antecesores tiene el deber de intentarlo y el derecho a equivocarse. El Señor Aznar cambió la política penitenciaria, acercando a los presos, como forma de aproximación a lo que llamó el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (lo que no era otra cosa que la banda terrorista), negoció en Suiza y en Burgos, nadie puso en entredicho esas conversaciones, tuvo el apoyo de los partidos de la oposición, nadie sacó a la calle a las víctimas para, manipulándolas, enfrentarlas a la política gubernamental. Ahora el Señor Aznar se convierte, en la sombra, en el principal ariete contra la política de negociación del Gobierno, no veo que esté muy legitimado nuestro anterior presidente para exigir a su sucesor lo que él no hizo, no es quien para señalar cuándo se puede negociar o cuándo no. ¿O está por encima del bien y del mal para decidir lo que es bueno o es malo?

Tampoco entiendo que nuestro Alcalde convoque un Pleno extraordinario para apoyar una manifestación de la AVT, se han realizado otras manifestaciones o se han producido atentados tan graves como el del 11 de marzo, o se han tenido conversaciones con la banda terrorista y no se convocó a nuestro Ayuntamiento para tomar una postura en contra de los asesinatos, o secundando los actos de protesta o condenando las negociaciones. ¿No era la política antiterrorista una cuestión de Estado, Sr. Vivas? ¿Por qué exactamente ahora hay que apoyar esa manifestación que convoca una parte de las víctimas del terrorismo? Mas parece la utilización partidista de la institución municipal para los fines de confrontación que ha puesto en marcha el Partido Popular y la utilización del terrorismo como arma electoral, que una forma de apoyar a las víctimas. Mal precedente crea nuestro primer Edil convocando este tipo de Pleno, y más cuando es arropado por una multitud que intentaba amedrentar a quien no opinara como ellos. No se extrañen cuando otros utilicen los mismos instrumentos para conseguir sus fines, cuando se llene el salón de plenos de personas apoyando sus reivindicaciones.


Respetemos y apoyemos a las víctimas, sean de la asociación que sean, pero, por favor, no las utilicen para sus fines políticos, su dolor no es un arma arrojadiza que pueda usar un partido contra otro, demasiado tienen que sufrir para verse usadas por un puñado de votos. En el nombre de las víctimas no puede hacerse ningún tipo de política partidista, tan sólo la unidad de los partidos en un mínimo de principios que permitan enfrentarse al terrorismo, como fue el Pacto de Ajuria Enea, es la solución y parece que hoy alguno no desea adherirse a esos principios mínimos.

A vueltas con el Tribunal de Cuentas

Nuestro Senador, el Sr. Cucurull, empeñado en querer justificar lo injustificable nos lanzaba una soflama el pasado jueves para intentar convencernos de la maldad de ciertos personajes que tan sólo buscan tergiversar la grandiosa transformación que nuestro “gran gestor”, el Sr. Vivas, ha realizado con nuestro pueblo, una transformación que nos ha conducido a un mayor paro, a una menor riqueza y a un mayor endeudamiento del Ayuntamiento.

El Informe del Tribunal de Cuentas (TC) se refiere al período de 1.999-2.001, en el que el Grupo Independiente Liberal (GIL) gobernó tan sólo unos 15 meses, mientras que el Partido Popular (PP) lo hizo durante los otros 33, bien es cierto que las tropelías que cometió el GIL fueron más escandalosas (con sus viajecitos, copas y comidas), pero eso es el chocolate del loro, como bien debería saber por sus conocimientos económicos, Sr. Cucurull. Aunque también podría usted haber hablado de los gastos de representación del Sr. Fortes (37 millones de pesetas, frente a los 38 de Sampietro) o de sus pagos al diario El Pueblo de Ceuta para que reprodujera sus conferencias en Madrid.

El TC encuentra irregularidades en los cuatro años, fuera quien fuera el Alcalde, y esa es la gravedad del Informe, que antes y después del GIL se ha sufrido un descontrol, una desorganización y un incumplimiento de la legalidad en nuestro Ayuntamiento que ha provocado las recomendaciones que el Informe indica, recomendaciones que pueden resumirse en pocas palabras: cumplir con la legislación vigente, ni más ni menos, Sr. Cucurull.

El primer borrador del Informe llega a manos del Ayuntamiento a finales de 2.003, para que hiciera las alegaciones oportunas, con lo que han tenido tiempo de sobra para poner en marcha esas recomendaciones que el TC realizaba, que vuelvo a insistirle, era cumplir con la ley, y por si no la ha leído, la novena recomendación dice “Instar a la Ciudad a que adopte cuantas posibles soluciones estén a su alcance para posibilitar el cumplimiento riguroso de la legislación vigente en materia de Contratación Administrativa”. Pero como hemos observado en el reconocimiento de deudas que han realizado la semana pasada existían unos 3,7 millones de euros de contratos verbales, entre los años 2.002 y 2.004 (que creo no estaba gobernado por el GIL, aunque sí con muchos exgilistas) ,contratos que seguían sin cumplir la legalidad, ¿qué quiere que piensen los ciudadanos, Sr. Cucurull? ¿Tan difícil es cumplir con la ley? Sólo es eso.

Complicadísimo debe ser el realizar una Relación de Puestos de Trabajo, que también le señala el TC, y la Ley lo exige (es sólo cumplir con la Ley, Sr. Cucurull) que en cuatro años de gobierno del Sr. Vivas, no han podido ni siquiera presentar un borrador, así sin saber que puestos hacen falta cubrir, pueden seguir contratando a dedo como han hecho con las cooperativas, contratando a maestros sin serlo, porque creen que van a seguir con ese pesebre de votos. Y en el Informe se señala que el mayor número de contrataciones del período se realizó en el año 2.001, con 722 personas contratadas, de las 1.697 de los cuatro años. Quizás si contrataran garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, los recursos podrían utilizarse para poder acometer las obligaciones legales que tiene el Ayuntamiento, que entre otras es la “de garantizar el cumplimiento de la legalidad, eficiencia y economía en el manejo de los recursos públicos”. (otra vez la legalidad, que repetitivo es este Tribunal, Sr. Cucurull).

Podríamos seguir hablando sobre la ilegalidad de la licencia de la Manzana del Revellín (que por cierto ¿quién era la autoridad que la firmó, Sr. Cucurull?), en la que siguen enterrando millones por no se qué cambios en los precios del hierro; de su cambio de postura en la modificación del contrato de la basura ( con el GIL creaba alarma social), que con una auditoría se arreglaba el asunto, pero que no cumplió las exigencias del Pleno (y todavía colea algún pleito sobre la misma); del asunto de las cooperativas (un “plan preconcebido para crear entes ficticios”, ¿no fue un invento de una empresa por usted presidida?) que ya le avisaba el TC y que han tenido que asumir en el Ayuntamiento para mayor coste de los ciudadanos; o del cambio en el contrato de concesión de la desalinizadora (incrementando el valor de las obras un 56% y el coste del agua casi un 15%); de los inexplicables incrementos de los costes de sus faraónicas obras (el Desdoblamiento de la Palmeras, los Bajos de la Marina o cualquier promoción de Emvicesa, por no nombrarle el nefasto Plan de Barriadas), por no entrar en ese Holding empresarial de empresas ruinosas que mantiene el Ayuntamiento, a pesar de estar más de una en situación de disolución. Indicios hay más que suficientes para que el TC continúe su acción fiscalizadora, aunque sólo sea por prudencia, Sr. Cucurull.

Hay razones

Hoy, ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (TC), se producirá el debate y la votación de las resoluciones del Informe de Fiscalización que sobre la Ciudad y sus Sociedades participadas ha realizado este Tribunal. Por parte del Partido Socialista Obrero Español se han presentado dos propuestas de resolución que pretenden volver a fiscalizar a la ciudad en el período 2.002-2.004 y a la empresa Acuicultura de Ceuta S.A. Sobran las razones para que esa fiscalización se produzca.

En primer lugar porque el Informe anterior no alude única y exclusivamente al gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), ese periodo presidido por D. Antonio Sampietro apenas alcanzó a un 36% del tiempo que se analizaba, el resto fueron miembros del Partido Popular (PP) quienes llevaron las riendas de nuestra ciudad. La época del GIL, de la que destaca más sus actos escandalosos de copas, comidas y viajes, etapa que se ha superado con la ayuda de todos los partidos, pero el descontrol, desorganización e incumplimiento de la legalidad se refiere a todo el período. Por ello ahora es necesario analizar si quienes les sustituyeron pusieron las herramientas para evitar que se volvieran a repetir los desmanes a los que el Informe alude o si por el contrario se han continuado con ellos (como hemos constatado en algunos de los temas que han saltado a los medios de comunicación).

En segundo lugar, de las recomendaciones que realizaba el TC son escasas las que se han puesto en marcha, tan sólo la reducción de los gastos de representación y protocolo, aunque el aumento de otras cuentas como la de Comunicación e Imagen parecen haber derivado el derroche de nuestro Ayuntamiento hacia estas cuentas (en el 2003 algo más de 83 millones de pesetas, en el 2.004 se eleva a más de 125 millones); y la creación de la normativa de subvenciones (gracias al esfuerzo de la oposición para sacar el proyecto) aunque no se aplica a los numerosos convenios plurianuales que tiene firmados el Ayuntamiento, que siguen sin cumplir no sólo ese reglamento (pues no se justifica la utilización de los fondos) sino también la ley de subvenciones. Desde que se empieza a conocer las conclusiones del TC, finales del 2.003, nuestro Alcalde ha tenido tiempo suficiente para ponerlas en marcha y más cuando la inmensa mayoría de ellas tan sólo supone cumplir con la ley, ni más ni menos.

En tercer lugar, el TC instaba a la confección de la Relación de Puestos de Trabajo, una relación que exige la Ley, tras cuatro años de gobierno del Señor Vivas seguimos sin tenerla, imprescindible para poder conocer cuáles son los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la gestión del Ayuntamiento y dónde son necesarios, pero el continuar sin esa herramienta le permite a nuestro Alcalde seguir contratando según sus deseos lo que le permite mantener un pesebre de votos agradecido.

En cuarto lugar, el TC apremiaba a acometer la estructura administrativa y de gestión que se adecuara a las demandas de servicios públicos que las competencias transferidas habían ocasionado y muy especialmente en los Servicios Jurídicos, los de Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos tributarios propios, los de Gestión del Patrimonio Municipal y el órgano de Intervención y que los puestos de Interventor y Tesorero tuvieran los requisitos legalmente establecidos. Pero tras cuatro años de gobierno del Sr. Vivas, ahora tenemos los tres puestos claves de funcionarios para controlar la gestión como accidentales (se ha unido el de Secretario), por lo que la independencia con la que deben actuar estos garantes de la legalidad queda en entredicho, al estar supeditado a los deseos de nuestro Alcalde. Pero tampoco se ha acometido una remodelación en esos departamentos claves de nuestro consistorio que permita asegurar ese control que reclama el TC.

En quinto lugar, el reconocimiento la semana pasada de la deuda que la Ciudad mantiene con sus proveedores de más de 628 millones de pesetas por no estar consignados en los presupuestos, de los cuales se detecta que más de la mitad (unos 385 millones) se corresponden con contratos realizados prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos, entre los años 2.002 y 2.004, descubre que la práctica que tanto denuncia el TC sigue existiendo con nuestro actual Alcalde, el Sr. Vivas, si a ello añadimos otros temas tan espinosos como las Cooperativas (a las que la Inspección de Trabajo consideraba “entes ficticios”), el cambio de postura en la modificación del contrato de la basura, el cambio del contrato de concesión de la desalinizadora, la declaración como ilegal de la licencia de obras de la Manzana del Revellín por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la modificación de los costes de casi todas las obras (Desdoblamiento de las Palmeras, Bajos de la Marina, Polideportivo del Recinto Sur y todas las promociones de Emvicesa), esta suma de acontecimientos hace absolutamente necesaria la fiscalización de este período (2.002-2.004) por el TC.

En sexto lugar, la situación en la que se encuentran las sociedades municipales, especialmente el cierre de una empresa como Acuicultura de Ceuta S.A. sin explicación alguna, en la que pérdidas constantes que a más de una la hace estar en estado de disolución por ley, la falta del control exhaustivo de las transferencias de la Ciudad, las contrataciones de personal y su movilidad con puestos en la Ciudad, obligan, por un mero respeto a la prudencia, esa fiscalización.

Y en séptimo lugar, nuestro Alcalde se comprometió a realizar una gestión honrada y transparente, y por ello debería ser el primero en haber votado a favor de esta fiscalización, ¿su voto en contra se debe a que oculta algo tras las cuentas de la Ciudad? Porque no se puede fiscalizar algo que no existe, querer ampliar el plazo hasta el 2.005 sólo supone querer alejar el control del TC, intentar, en estos seis meses que quedan, maquillar los resultados y evitar que las anomalías de nuestro “gran gestor” salgan a la luz antes de las elecciones para poder presentarse como un ente puro y limpio. Esperemos que la Comisión Mixta entienda las razones que obligan a continuar fiscalizando nuestro Ayuntamiento pues las anomalías que se denunciaban en el Informe anterior parecen que han continuado en el período en el que ha estado al frente el Sr. Vivas.

El intercambio de billetes

Quizás deberíamos recordar cómo se ha llegado a la situación actual de no poder intercambiar los billetes las distintas navieras que actúan en el estrecho para que cada uno asuma sus responsabilidades y los ciudadanos puedan valorar la actuación de cada parte en este caso.

En febrero de 1.991 se produce el acuerdo para la prestación conjunta del servicio entre Trasmediterránea e Isnasa, que fue aprobado por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Al iniciar su actividad la empresa Euroferrys, en mayo de 1.998, acuerda con Transmediterránea el intercambio de billetes. Mientras que Buquebus, que comenzó a operar en septiembre de 1.997 no se adhiere a ese acuerdo hasta el 1 de abril del año 2.000. Con este acuerdo, el usuario podía utilizar un billete en cualquiera de las compañías, con unas tarifas sin apenas diferencias.

A los dos meses de ponerse en macha el acuerdo entre las tres empresas, el Rotary Club decide interponer una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia contra las compañías navieras por supuestas conductas prohibidas por la ley de Defensa de la Competencia aduciendo que el acuerdo entre las compañías impedía la entrada de otros competidores y había provocado una disminución de la calidad del servicio y perjuicios a los consumidores. El Servicio de Defensa de la competencia les contesta indicando que no puede considerárseles parte interesada, pero que realizada las comprobaciones oportunas decide abrir un expediente de oficio.

Casi dos años más tarde, en marzo de 2.002, el Servicio de Defensa formula el Pliego de Concreción de Hechos, donde considera que “las tres navieras eran autoras de una infracción consistente en haber adoptado un acuerdo de precios para el servicio de transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea de Algeciras-Ceuta-Algeciras, reforzado por un acuerdo de intercambiabilidad entre los billetes de las respectivas compañías”. Pasando el expediente a la resolución del Tribunal.

En esa misma fecha las navieras presentan una solicitud de autorización singular para un “Sistema de intercambio de billetes y ordenación de horarios” que supone un compromiso para admitir a los pasajeros con billete de otras compañías y el establecimiento de una programación ordenada de horarios, mientras que se garantiza la libertad de cada naviera para fijar las condiciones de comercialización y promoción de sus servicios, así como la libertad de precios y de acceso al Sistema, acompañándose de un informe favorable del Consejo de Consumidores y Usuarios.

En marzo de 2.003, el Ayuntamiento, que había sido declarado parte interesada en octubre de 2.002, envía su escrito de conclusiones en el que manifiesta que, “dado el interés de la ciudadanía por las ventajas del sistema de intercambio de billetes entre las distintas compañías, sólo debe limitarse para promover una mayor competencia que produjera un efectivo y rápido descenso de las tarifas que favoreciera las actividades turísticas y comercial. Cree conveniente para el interés general su extensión a las vacaciones navideñas, de Semana Santa y otras festividades nacionales” además de la Operación Paso del Estrecho.

Tras la presentación de los escritos de conclusiones de las navieras en los que defienden el sistema de intercambio de billetes y que las tarifas no eran iguales y que dicha similitud no implicaba un acuerdo de precios, pues se adecuaban a las tarifas básicas que dictaba la Dirección General de la Marina Mercante. El Tribunal dicta sentencia el 13 de junio de 2.003, dando, entre otros, como hechos probados que “la denuncia tuvo su origen en las reacciones de los usuarios ceutíes por la incorporación el 1 de abril de 2.000 de Buquebús al acuerdo de aceptación mutua de billetes”. Y resuelve que existe una conducta prohibida consistente en haber fijado concertadamente los precios del servicio, ordenando a las empresas el cese inmediato de la conducta declarada prohibida, imponiendo multas de seiscientos mil euros a cada naviera y no concediendo la autorización singular solicitada para el “Sistema de intercambio de billetes y ordenación de horarios. La sentencia empieza a cumplirse en el pasado febrero.

Como vemos la denuncia parte de un grupo selecto de nuestra sociedad, que con buenos deseos pero pésimos resultados, creyendo que la ruptura del acuerdo conseguiría una rebaja de precios que no se ha conseguido, produjo el efecto pernicioso de prescindir de la mayor ventaja que disponíamos los ceutíes, el poder coger el primer barco que saliera. El Ayuntamiento sólo solicitó ampliar el intercambio a otros períodos festivos, pero nunca a todo el año. Las navieras siguieron insistiendo en poder intercambiar los billetes, e incluso buscaron el apoyo del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Ahora resulta curioso que todos son partidarios del intercambio de billetes, incluso en febrero de este año, nuestro Alcalde señala en una carta al Ministerio de Fomento “el beneficioso efecto que producía el intercambio de billetes para los usuarios” y por qué no lo argumentaron en su escrito de conclusiones. También, uno de los miembros de ese selecto club, como portavoz de la asociación ACUTRANS nos pide la movilización a los ceutíes para recuperar ese intercambio, ¿ya no se acuerda de la libre competencia que solicitaba cuando animó a presentar la denuncia? Pero de lo que estoy completamente seguro es que nuestro Delegado del Gobierno ya tiene en el bolsillo la solución a este problema, volviendo a ese deseado intercambio y otras ventajas como la pernoctación de un barco. Al final esos que dicen que nos tienen olvidados, nos sacarán las castañas del fuego.

¡Váyase, Señor González!

Durante seis largos años estuvimos oyendo ese soniquete en boca de nuestro anterior Presidente del Gobierno, aquel que nuestro Alcalde quiere nombrar hijo adoptivo, ahora ya hemos descubierto quien era el destinatario de dicha frase, no era Don Felipe González, sino nuestro diputado Don Francisco Antonio González Pérez, el que después de doce años de estar sentado en la Carrera de San Jerónimo sigue en el gallinero, pero él mismo justifica esa ubicación con cada una de las declaraciones que realiza, las últimas esta semana a la Cadena SER. Una declaraciones que nos reiteran que es un indocumentado, después de pasar por tanto cargo en nuestro Congreso, al Señor González de poco le ha servido.

El Sr. González nos dice que “no ha visto ningún desmentido del Ministerio de Defensa”, pues la misma noticia de La Razón, que se hacía eco de la publicada en una revista marroquí ya lo negaba, pero que yo sepa la Delegación del Gobierno en Ceuta, representa al Gobierno en pleno, incluido el Ministerio de Defensa, y si lo niega el representante del Gobierno, lo negará el Ministerio, y por mucho que a usted le pese Señor González, el desmentido es oficial.

Continúa nuestro errado diputado diciendo que la venta de dos cañones a Marruecos para su instalación en dos Fragatas “eso es falso” y que “ya preguntaremos de donde sale la documentación que la Señora Palomo exhibe, (...) una documentación tildada de confidencial”. En primer lugar, ya que nuestro Diputado dice que representa “a todos los ceutíes”, le querría preguntar, ya que dice que “yo no tuve conocimiento” de esa venta ¿qué hacía usted como Vicepresidente Primero de la Comisión de Defensa entre el 10 de mayo de 2000 y el 20 de enero de 2004? Porque, si como usted dice, dicha información es confidencial, al menos por esa Comisión pasaría ¿Es que estaba usted en una reunión con esa empresa de seguridad que quería contratarle como asesor y ese día no pudo asistir? En segundo lugar, dicha información no es “confidencial” (lo que nos da idea de lo que trabajó nuestro excelso Diputado en esa Comisión de Defensa, para no saber distinguir una información confidencial, de la que no lo es) y por lo tanto tiene la obligación de conocerla o al menos saber cómo se obtiene (sencillamente en la página de Internet de La Moncloa) que para eso le pagamos el sueldo. Si usted es un “analfabeto” informático”, no crea que los demás ciudadanos de este país lo son, Señor González. Y antes de rebuznar, infórmese Señor Diputado, no puede decir que es falso un acuerdo de nuestro Consejo de Ministros y menos del Gobierno de su Partido.

Y nuestro Diputado sigue empeñado en demostrarnos sus nulos conocimientos, ahora de política internacional, cuando le preguntan por la relación del Partido Popular (PP) con el marroquí Istiqlal dice “es un partido que está en la oposición”, pues resulta que el gobierno de Marruecos está constituido por una coalición de partidos, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, el Istiqlal y cuatro partidos menores más.
Y añade que la relación con el Istiqlal es la de “dos formaciones que pertenecen a una misma Internacional”, ¿nos querrá convencer que el Istiqlal pertenece a la Internacional Demócrata Cristiana? Pero, a nuestro Diputado se le olvida decir que esa relación es algo mayor, si no qué hacían tres miembros de ese partido en el XV Congreso del PP que eligió al Señor Rajoy como Presidente Nacional, o por qué figura como partido afín en su página “web”.

Sin embargo no tiene bastante con estas delicatessen nuestro glorioso Diputado, cuando se le pregunta por el Informe del Tribunal de Cuentas, dice que nos enteramos “a mediados del 2005 las cosas que hay que rectificar”, el Informe del Tribunal de Cuentas no es de ayer, Señor González, y el Ayuntamiento no sólo las ha conocido a lo largo de los años 2002, 2003 y 2004 con la entrega del borrador del Informe, si no que ha participado en la elaboración del mismo con la documentación que el Tribunal le solicitaba y que en muchas ocasiones no le facilitaba. No venga a decirnos que no les ha dado tiempo de poner en marcha las recomendaciones y conclusiones de ese Informe, porque la gran mayoría de ellas es sólo cumplir la Ley. A lo mejor es que le pasa como a nuestro Alcalde, al que llaman el “sordo de la Plaza de África”, que no se entera y con estas declaraciones que ha realizado nos lo demuestra.

Pero no se queda ahí, nos quiere convencer que el Informe del Tribunal sólo habla del Grupo Independiente Liberal (GIL), a los que califica como unos “sinvergüenzas que estuvieron gobernando durante un año y pico nuestra Ciudad”. Pero el Informe comprende tanto al Gobierno del Señor Fortes como al del Señor Vivas. Y además, ¿“sinvergüenzas” todos los de GIL? Señores como Francisco Márquez, Guillermo Martínez, Andrés Sánchez, Manuel González Bolorino, Susana Román, Nani Medul, etc. que ahora han sido nombrados por el Señor Vivas miembros de su Gobierno, hasta han colocado a la Asesora Jurídica de la Señora Piedra. Entonces siguiendo una simple deducción (si sabe usted lo que es) el Gobierno del Señor Vivas ¿es un gobierno de sinvergüenzas? Al menos podría tener un poco de prudencia al lanzar sus bravuconadas, Señor González porque como miembro de la Ejecutiva del PP, usted es corresponsable de esos nombramientos.

Su discurso se construye a base de mentiras Señor Diputado y ahora el “representante de todos los ceutíes”, como usted se invoca, cómo nos explicará que en el mapa del Partido Popular Europeo la ciudades de Ceuta y Melilla no aparecen (y hasta ponen a la Guayana Francesa) ¿es esa la afinidad con el Istiqlal, Señor González, la de incluirlas dentro del Reino de Marrruecos? ¿Qué mentira nos contará ahora?
Hágase un favor, ¡Váyase, Señor González! Usted no es digno de representar a los ciudadanos de esta ciudad.

¿Ideas sobre el estatuto? (y III)

Lo que nuestros políticos desean a través de los distintos proyectos no está en la Constitución, porque un Ayuntamiento en el que el Pleno no es presidido por su Alcalde, no está en nuestra Constitución, y eso nos haría ser diferentes al resto de municipios de nuestra España, y lo que no se puede dejar de ser es municipio, pues es la base que sustenta la organización del Estado, todo español está censado en un municipio, lo quieran o no nuestros políticos. Nuestros políticos nos quieren transformar en un ente que no es constitucional, una comunidad sin capacidad legislativa, sin asumir las competencias que indica su estatuto, sin separación de poderes o sin un Tribunal Superior de Justicia, un ente alegal que nos haría diferentes a todo municipio español, no podemos estructurarnos de una forma diferente al resto de nuestros conciudadanos, porque esa diferencia daría a nuestros enemigos argumentos legales.

Somos un municipio de 19 kilómetros cuadrados, sólo eso, una ciudad con unas diferencias, sobre todo fiscales, con una situación geográfica que nos aísla del resto de nuestro estado y con escasos recursos para crear una economía sostenible, con sólo 75.000 habitantes y nuestros políticos deben pensar eso, qué somos, no sus sueños de grandeza en los que anhelan acudir a bodas, bautizos y comuniones. La solución es tener un Estatuto de Ciudad, que nos permita gestionar esas diferencias, e integrarnos en la Comunidad Autónoma de Andalucía donde, representados por un número de diputados, podríamos desarrollar esa capacidad legislativa que no tenemos ni tendremos (porque ningún partido nacional está dispuesto a ello) y poder ostentar todas las competencias desde Andalucía. Nuestro régimen fiscal se vería asegurado y nuestra integración en el ordenamiento constitucional estaría garantizada, nuestro Alcalde presidiría el Pleno, seríamos un Ayuntamiento y nuestra capacidad legislativa estaría en el Parlamento andaluz.

Sin embargo, esta posibilidad no se la plantea ninguno de nuestros políticos, ¿por qué? Pues al otro lado del estrecho empiezan a ver esta posibilidad como factible y la integración en sus instituciones no sería muy complicada. Pero claro a muchos se les acabaría el “chollo”, imagínense que en vez de tantos altos cargos que ahora abundan por nuestra Ciudad, solo tuviéramos concejales (sin tanto título pomposo) y algún que otro director general (funcionario por supuesto) qué harían con toda esa corte de vividores. Ese es nuestro problema que nuestros políticos no quieren dejar de vivir de la ubre del Ayuntamiento y para eso si es necesario se inventan puestos y hasta empresas municipales enteras (que por cierto, todas son una ruina, algunas hasta sin ningún tipo de ingreso) con tal de poder colocar a todos sus allegados, así que en ese camino la solución más práctica es que nuestro Alcalde nos haga un decreto en el que a partir de mañana todo aquel que sea mayor de edad sea funcionario y se acabó. Así no hay que inventarse más puestos fantasmas, ni hace falta la Relación de Puestos de Trabajo. Todos a chupar del Ayuntamiento y arreglado, que el Estado nos haga las transferencias para pagar las nóminas y en cinco años ya saben donde nos mandan.

Un poco de cordura es la que deberían tener nuestros políticos y en vez de pedir la luna, adaptarse a nuestra realidad, somos un simple municipio y como tal nos deben dirigir, déjense de imposibles y den a los ciudadanos lo que piden.