Hay razones
Hoy, ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (TC), se producirá el debate y la votación de las resoluciones del Informe de Fiscalización que sobre la Ciudad y sus Sociedades participadas ha realizado este Tribunal. Por parte del Partido Socialista Obrero Español se han presentado dos propuestas de resolución que pretenden volver a fiscalizar a la ciudad en el período 2.002-2.004 y a la empresa Acuicultura de Ceuta S.A. Sobran las razones para que esa fiscalización se produzca.
En primer lugar porque el Informe anterior no alude única y exclusivamente al gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), ese periodo presidido por D. Antonio Sampietro apenas alcanzó a un 36% del tiempo que se analizaba, el resto fueron miembros del Partido Popular (PP) quienes llevaron las riendas de nuestra ciudad. La época del GIL, de la que destaca más sus actos escandalosos de copas, comidas y viajes, etapa que se ha superado con la ayuda de todos los partidos, pero el descontrol, desorganización e incumplimiento de la legalidad se refiere a todo el período. Por ello ahora es necesario analizar si quienes les sustituyeron pusieron las herramientas para evitar que se volvieran a repetir los desmanes a los que el Informe alude o si por el contrario se han continuado con ellos (como hemos constatado en algunos de los temas que han saltado a los medios de comunicación).
En segundo lugar, de las recomendaciones que realizaba el TC son escasas las que se han puesto en marcha, tan sólo la reducción de los gastos de representación y protocolo, aunque el aumento de otras cuentas como la de Comunicación e Imagen parecen haber derivado el derroche de nuestro Ayuntamiento hacia estas cuentas (en el 2003 algo más de 83 millones de pesetas, en el 2.004 se eleva a más de 125 millones); y la creación de la normativa de subvenciones (gracias al esfuerzo de la oposición para sacar el proyecto) aunque no se aplica a los numerosos convenios plurianuales que tiene firmados el Ayuntamiento, que siguen sin cumplir no sólo ese reglamento (pues no se justifica la utilización de los fondos) sino también la ley de subvenciones. Desde que se empieza a conocer las conclusiones del TC, finales del 2.003, nuestro Alcalde ha tenido tiempo suficiente para ponerlas en marcha y más cuando la inmensa mayoría de ellas tan sólo supone cumplir con la ley, ni más ni menos.
En tercer lugar, el TC instaba a la confección de la Relación de Puestos de Trabajo, una relación que exige la Ley, tras cuatro años de gobierno del Señor Vivas seguimos sin tenerla, imprescindible para poder conocer cuáles son los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la gestión del Ayuntamiento y dónde son necesarios, pero el continuar sin esa herramienta le permite a nuestro Alcalde seguir contratando según sus deseos lo que le permite mantener un pesebre de votos agradecido.
En cuarto lugar, el TC apremiaba a acometer la estructura administrativa y de gestión que se adecuara a las demandas de servicios públicos que las competencias transferidas habían ocasionado y muy especialmente en los Servicios Jurídicos, los de Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos tributarios propios, los de Gestión del Patrimonio Municipal y el órgano de Intervención y que los puestos de Interventor y Tesorero tuvieran los requisitos legalmente establecidos. Pero tras cuatro años de gobierno del Sr. Vivas, ahora tenemos los tres puestos claves de funcionarios para controlar la gestión como accidentales (se ha unido el de Secretario), por lo que la independencia con la que deben actuar estos garantes de la legalidad queda en entredicho, al estar supeditado a los deseos de nuestro Alcalde. Pero tampoco se ha acometido una remodelación en esos departamentos claves de nuestro consistorio que permita asegurar ese control que reclama el TC.
En quinto lugar, el reconocimiento la semana pasada de la deuda que la Ciudad mantiene con sus proveedores de más de 628 millones de pesetas por no estar consignados en los presupuestos, de los cuales se detecta que más de la mitad (unos 385 millones) se corresponden con contratos realizados prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos, entre los años 2.002 y 2.004, descubre que la práctica que tanto denuncia el TC sigue existiendo con nuestro actual Alcalde, el Sr. Vivas, si a ello añadimos otros temas tan espinosos como las Cooperativas (a las que la Inspección de Trabajo consideraba entes ficticios), el cambio de postura en la modificación del contrato de la basura, el cambio del contrato de concesión de la desalinizadora, la declaración como ilegal de la licencia de obras de la Manzana del Revellín por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la modificación de los costes de casi todas las obras (Desdoblamiento de las Palmeras, Bajos de la Marina, Polideportivo del Recinto Sur y todas las promociones de Emvicesa), esta suma de acontecimientos hace absolutamente necesaria la fiscalización de este período (2.002-2.004) por el TC.
En sexto lugar, la situación en la que se encuentran las sociedades municipales, especialmente el cierre de una empresa como Acuicultura de Ceuta S.A. sin explicación alguna, en la que pérdidas constantes que a más de una la hace estar en estado de disolución por ley, la falta del control exhaustivo de las transferencias de la Ciudad, las contrataciones de personal y su movilidad con puestos en la Ciudad, obligan, por un mero respeto a la prudencia, esa fiscalización.
Y en séptimo lugar, nuestro Alcalde se comprometió a realizar una gestión honrada y transparente, y por ello debería ser el primero en haber votado a favor de esta fiscalización, ¿su voto en contra se debe a que oculta algo tras las cuentas de la Ciudad? Porque no se puede fiscalizar algo que no existe, querer ampliar el plazo hasta el 2.005 sólo supone querer alejar el control del TC, intentar, en estos seis meses que quedan, maquillar los resultados y evitar que las anomalías de nuestro gran gestor salgan a la luz antes de las elecciones para poder presentarse como un ente puro y limpio. Esperemos que la Comisión Mixta entienda las razones que obligan a continuar fiscalizando nuestro Ayuntamiento pues las anomalías que se denunciaban en el Informe anterior parecen que han continuado en el período en el que ha estado al frente el Sr. Vivas.
En primer lugar porque el Informe anterior no alude única y exclusivamente al gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), ese periodo presidido por D. Antonio Sampietro apenas alcanzó a un 36% del tiempo que se analizaba, el resto fueron miembros del Partido Popular (PP) quienes llevaron las riendas de nuestra ciudad. La época del GIL, de la que destaca más sus actos escandalosos de copas, comidas y viajes, etapa que se ha superado con la ayuda de todos los partidos, pero el descontrol, desorganización e incumplimiento de la legalidad se refiere a todo el período. Por ello ahora es necesario analizar si quienes les sustituyeron pusieron las herramientas para evitar que se volvieran a repetir los desmanes a los que el Informe alude o si por el contrario se han continuado con ellos (como hemos constatado en algunos de los temas que han saltado a los medios de comunicación).
En segundo lugar, de las recomendaciones que realizaba el TC son escasas las que se han puesto en marcha, tan sólo la reducción de los gastos de representación y protocolo, aunque el aumento de otras cuentas como la de Comunicación e Imagen parecen haber derivado el derroche de nuestro Ayuntamiento hacia estas cuentas (en el 2003 algo más de 83 millones de pesetas, en el 2.004 se eleva a más de 125 millones); y la creación de la normativa de subvenciones (gracias al esfuerzo de la oposición para sacar el proyecto) aunque no se aplica a los numerosos convenios plurianuales que tiene firmados el Ayuntamiento, que siguen sin cumplir no sólo ese reglamento (pues no se justifica la utilización de los fondos) sino también la ley de subvenciones. Desde que se empieza a conocer las conclusiones del TC, finales del 2.003, nuestro Alcalde ha tenido tiempo suficiente para ponerlas en marcha y más cuando la inmensa mayoría de ellas tan sólo supone cumplir con la ley, ni más ni menos.
En tercer lugar, el TC instaba a la confección de la Relación de Puestos de Trabajo, una relación que exige la Ley, tras cuatro años de gobierno del Señor Vivas seguimos sin tenerla, imprescindible para poder conocer cuáles son los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la gestión del Ayuntamiento y dónde son necesarios, pero el continuar sin esa herramienta le permite a nuestro Alcalde seguir contratando según sus deseos lo que le permite mantener un pesebre de votos agradecido.
En cuarto lugar, el TC apremiaba a acometer la estructura administrativa y de gestión que se adecuara a las demandas de servicios públicos que las competencias transferidas habían ocasionado y muy especialmente en los Servicios Jurídicos, los de Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos tributarios propios, los de Gestión del Patrimonio Municipal y el órgano de Intervención y que los puestos de Interventor y Tesorero tuvieran los requisitos legalmente establecidos. Pero tras cuatro años de gobierno del Sr. Vivas, ahora tenemos los tres puestos claves de funcionarios para controlar la gestión como accidentales (se ha unido el de Secretario), por lo que la independencia con la que deben actuar estos garantes de la legalidad queda en entredicho, al estar supeditado a los deseos de nuestro Alcalde. Pero tampoco se ha acometido una remodelación en esos departamentos claves de nuestro consistorio que permita asegurar ese control que reclama el TC.
En quinto lugar, el reconocimiento la semana pasada de la deuda que la Ciudad mantiene con sus proveedores de más de 628 millones de pesetas por no estar consignados en los presupuestos, de los cuales se detecta que más de la mitad (unos 385 millones) se corresponden con contratos realizados prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos, entre los años 2.002 y 2.004, descubre que la práctica que tanto denuncia el TC sigue existiendo con nuestro actual Alcalde, el Sr. Vivas, si a ello añadimos otros temas tan espinosos como las Cooperativas (a las que la Inspección de Trabajo consideraba entes ficticios), el cambio de postura en la modificación del contrato de la basura, el cambio del contrato de concesión de la desalinizadora, la declaración como ilegal de la licencia de obras de la Manzana del Revellín por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la modificación de los costes de casi todas las obras (Desdoblamiento de las Palmeras, Bajos de la Marina, Polideportivo del Recinto Sur y todas las promociones de Emvicesa), esta suma de acontecimientos hace absolutamente necesaria la fiscalización de este período (2.002-2.004) por el TC.
En sexto lugar, la situación en la que se encuentran las sociedades municipales, especialmente el cierre de una empresa como Acuicultura de Ceuta S.A. sin explicación alguna, en la que pérdidas constantes que a más de una la hace estar en estado de disolución por ley, la falta del control exhaustivo de las transferencias de la Ciudad, las contrataciones de personal y su movilidad con puestos en la Ciudad, obligan, por un mero respeto a la prudencia, esa fiscalización.
Y en séptimo lugar, nuestro Alcalde se comprometió a realizar una gestión honrada y transparente, y por ello debería ser el primero en haber votado a favor de esta fiscalización, ¿su voto en contra se debe a que oculta algo tras las cuentas de la Ciudad? Porque no se puede fiscalizar algo que no existe, querer ampliar el plazo hasta el 2.005 sólo supone querer alejar el control del TC, intentar, en estos seis meses que quedan, maquillar los resultados y evitar que las anomalías de nuestro gran gestor salgan a la luz antes de las elecciones para poder presentarse como un ente puro y limpio. Esperemos que la Comisión Mixta entienda las razones que obligan a continuar fiscalizando nuestro Ayuntamiento pues las anomalías que se denunciaban en el Informe anterior parecen que han continuado en el período en el que ha estado al frente el Sr. Vivas.
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