La supuesta subida de las pensiones

Un año electoral más y nuevamente nuestro Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales nos ha mostrado, en una generosa campaña publicitaria, el considerado por su ministerio muy significativo aumento de las pensiones que ha llevado a cabo nuestro glorioso gobierno del Partido Popular. Pero cuando se analizan fríamente los datos, la conclusión es bien distinta, ni suben todas las pensiones ni las que suben son las de los más necesitados. Eso sí, nuestro Gobierno Popular nos vende la idea de que gracias a la estabilidad presupuestaria de su política económica nuestras pensiones están garantizadas ad infinitum, hay que reconocer que su responsable de publicidad es todo un lince.
En primer lugar hay que señalar que la “paga extraordinaria” que iguala la subida de las pensiones con la subida de los precios medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC) es un mandato legislativo que obliga al Gobierno por el Pacto de Toledo y el acuerdo de pensiones con los sindicatos (Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras); mandato que debe cumplir cualquier Gobierno sea del signo político que sea; y en segundo lugar estas “pagas extraordinarias” están motivadas por la falta de control que la política económica de nuestro popular gobierno tiene sobre la inflación y que debido a la falta de acierto a la hora de pronosticarla, nuestros pensionistas reciben con un año de retraso.
En este año 2004, 1.270.000 pensionistas perceptores de pensiones mínimas de jubilación e incapacidad permanente mayores de 65 años no tendrán revalorización adicional alguna; tampoco las 706.000 pensiones de viudedad de mayores de 65 años. Es decir de las 2.660.000 personas que perciben pensiones mínimas, más del setenta y cuatro por ciento no verán mejoradas sus pensiones. Igual ocurre con los más de 480.000 pensionistas no contributivos cuya pensión media es de unos 270 euros (unas cuarenta y cinco mil pesetas) quienes no verán ganancia alguna de su pensión, tan sólo lo que la ley les obliga el IPC previsto y además impide a los gobiernos de las Comunidades Autónomas complementarlas argumentando que se intenta romper la caja única.
Las subidas de las pensiones que ha practicado nuestro gobierno popular no han significado un incremento de la generosidad del sistema, mas bien todo lo contrario, nuestros pensionistas han perdido renta relativa, así si la pensión máxima suponía en 1996 el 69% del Producto Interior Bruto (PIB) por ocupado, esa relación se ha reducido al 63,5% en 2003; y la pensión mínima ha pasado a ser del 15,7% del PIB por ocupado en ese mismo año, al 14,8% en 2003. Como vemos, nuevamente los datos ponen de relieve la falta de solidaridad de la política del Gobierno Popular.
Si comparamos el acuerdo al que llegaron en 1999 los sindicatos con el Gobierno para las pensiones del 2000 supuso un incremento medio en un solo año del 2,42%, ese incremento medio en el período 2002 a 2004 (tres años) sólo ha supuesto el 1,04%. En este período que el Partido Popular nos ha vendido como de grandes logros económicos la mayoría de los pensionistas no han mejorado su situación, sino que la han empeorado, así si analizamos la relación de las pensiones mínimas con la renta familiar bruta disponible observamos el empeoramiento de esta situación: la pensión con cónyuge mayor de 65 años en 1995 suponía el 58% de la renta familiar bruta, en el 2003, tan sólo el 52,2%; la pensión sin cónyuge de más de 65 años, era el 49,3% en 1995, en el 2003 es el 44,4%; y la pensión no contributiva alcanzaba en el año 1995 el 32,8% de esa renta familiar, pero en el 2003 solo significa el 29,8%. Nuestros pensionistas no sólo no han participado de esta mejoría económica, sino que han perdido parte de su riqueza en este período de esplendor popular.
La política de pensiones del Gobierno ha consistido en cumplir de una forma rácana con lo que la ley le exigía y apoyar la entrada en el sistema de pensiones de personas con menor edad de la legal para adquirirla (65 años) aprobando los planes de prejubilación de las grandes empresas para que sigan acrecentando sus beneficios a costa de la sociedad, la edad media de jubilación en la actualidad es de 62,5 años, dificultando la salud del sistema general de pensiones. Pero eso sí la publicidad se les da muy bien ¿no les acusará la Asociación de Consumidores y Usuarios por publicidad engañosa?

01/02/2004

La “deslocalización” industrial

En los últimos años empieza a ser habitual en nuestra economía los cierres de empresas industriales y el traslado de sus producciones hacia países de Asia o del Este europeo empujadas por unos costes de producción muy bajos. Este proceso se ha denominado “deslocalización” industrial. No afecta a un sector fabril en concreto sino que cualquier actividad se está viendo afectada por esta agonía: el textil, la confección, los juguetes, los cigarrillos o la automoción se unen al primer desmantelamiento que realizó la empresa de maquinillas de afeitar Gillette en Sevilla trasladando su manufactura al Este.
Es de lógica empresarial el que las empresas maximicen su beneficio, tal como indican los manuales de economía y no va a variar ahora que la globalización se hace dueña de nuestra sociedad y eso que a pesar de que la mayoría de las empresas que se marchan obtienen suculentos beneficios, muchas de ellas apoyadas por inmensas cantidades de subvenciones públicas que pagamos los contribuyentes (sobre todo los alemanes). La razón que justifica este trasvase es el “coste de oportunidad” de la teoría del capital, si se puede obtener un mayor rendimiento de la inversión realizada con otra elección debe optarse por ella, así a pesar de que la multinacional Samsung Electronics España consiguió en el año 2002 unos beneficios de 2,8 millones de euros decide marcharse de Palau-Solità, dejando en la calle a 440 trabajadores, es porque los costes de Hungría son de 2,01 dólares por hora frente a los 8,01 de media española, porque obtendrá las mismas o mejores subvenciones de las Administraciones y porque encuentra un personal mejor formado para realizar tareas que son básicamente de montaje.
Los expertos vienen avisando desde hace bastantes años de esta fase de huída de empresas multinacionales en búsqueda de mejores rendimientos y al igual que lo han advertido han dado las posibles soluciones para solventar, al menos en parte, este desmantelamiento de nuestro sector industrial. Las opciones no pueden ser ni la de las amenazas con las que ha respondido el recién constituido ejecutivo catalán, ni la inexistente política industrial de nuestro gobierno central. La primera respuesta tan sólo consigue la sonrisa del que se va y ahuyentar a nuevos posibles inversores, demostrando la impotencia para dar una alternativa; la segunda nos ha llevado al páramo industrial que existe en España.
A corto plazo lo primero que hay que hacer es buscar las alternativas a los desempleados con unas políticas activas de empleo que les permitan recolocarse, pues estos trabajadores serán los verdaderamente afectados. Las soluciones al desarrollo industrial son a medio y largo plazo, en primer lugar debe desarrollarse una política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que tenga como puntal al Ministerio de Ciencia y Tecnología, no podemos estar a la cola europea en porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) gastado en I+D+i, en segundo lugar debe procederse a invertir en una educación de calidad que conduzca a obtener unas personas formadas y aptas para integrarse en los nuevos sectores productivos. La cuestión es sencilla, identificar las industrias que aporten un mayor valor añadido, apostar por ellas de una forma decidida con las ayudas de la Administración que sean necesarias; invertir en tecnología y educación; y desarrollar una buena estrategia exportadora. Este es el camino por el que debía haberse optado hace ya diez años. Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, ejemplos hay en nuestro tejido empresarial a seguir y no sólo debemos hacer referencia a las multinacionales de éxito españolas (Telefónica, Repsol, Zara, Lladró, etc.), sino a un amplio abanico de pequeñas y medianas empresas que están demostrando que pueden ser competitivas en una economía sin barreras, como la industria auxiliar aeronáutica de Sevilla, las productoras de cine de animación gallegas, los laboratorios farmacéuticos catalanes, la industria agrícola almeriense, las empresas de creación de videojuegos, etc.
Como siempre es necesaria la voluntad política para poner de acuerdo a los agentes sociales para definir el país que queremos, si una economía basada en el monocultivo del turismo y los servicios o una economía diversificada en la que cada sector productivo tenga una aportación suficiente que sirva para adaptar nuestra sociedad a los avatares de las crisis económicas adecuándonos a los nuevos sectores que surjan en la economía.
De esta lección deberían aprender nuestras autoridades locales, no puede crearse un sector industrial a base de talonario público, se han de generar primero las condiciones necesarias para el establecimiento del mismo y, sin éstas, tan sólo se generan empresas que vienen en busca de la subvención porque salarios competitivos en nuestra ciudad no existen y la vida de una empresa no puede estimarse en función de los tres años que exige la subvención.

25/01/2004

Unos que vienen, otros que se van

Nuestro multifuncional cargo señalaba la semana pasada que nuestra ciudad no está agonizante sino que se encuentra en una situación que definió como “Ceuta activa”. En contra de agoreros, derrotistas o falaces, nuestro concejal de Economía y Hacienda arremetía con una serie de datos contra quienes creen que están convirtiendo nuestro pueblo en un sarcófago y exponía con total subjetividad las esperanzas que su proyecto económico está creando.
Para nuestro edil, la tasa de paro tan elevada que padecemos es debida a la incorporación de la mujer al mercado laboral y al elevado crecimiento de nuestra población activa, si bien es cierto que nuestra población se incrementa a unos ritmos superiores a la nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, este incremento no se ve reflejado en la población activa y mucho menos en el caso de las mujeres cuya tasa de actividad es la más baja de España, el 27,54%, e incluso el Consejo Económico y Social (CES) en su memoria del año 2002 señala “el 45,25% de la población apta legalmente para trabajar quiere hacerlo, es decir más de la mitad no quiere trabajar o no puede hacerlo (...) Este dato es demasiado significativo para pasar desapercibido”. Si observamos los parados inscritos en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en diciembre de 2002, los parados menores de 25 años suponían el 22,19% del total, en el mes pasado se habían reducido hasta el 20,07%, una reducción de más de dos puntos. Es decir que a pesar de que nuestra población es joven no tiene expectativas en encontrar un trabajo y por eso no desea hacerlo y ni siquiera se inscribe en las listas del INEM.
En cuanto al empleo los datos de la Seguridad Social no son mejores, a pesar de que se finalizó el año con 244 afiliados más que en el 2002, el incremento medio de afiliados se redujo a un 2,67%, muy por debajo del 6,13% del año anterior o del 3,02% en que lo hace la economía nacional. Incluso el número de autónomos se redujo y eso que uno de los puntales de las políticas de empleo es la potenciación del autoempleo. Así si entre enero y agosto de 2002 se abrieron 295 centros de trabajo con 762 trabajadores, en el mismo periodo de 2003 se abrieron 212 con 391 trabajadores (según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Si nuestra economía crece empujada por los distintos presupuestos de las administraciones, no crea empleo, ese es el problema de la “nueva economía” que los proyectos en que se ha embarcado nuestro gobierno municipal no generan puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras? ¿Para qué sirve un Helipuerto en el centro de la ciudad si no hay ninguna compañía que quiera hacerse cargo de mayores rutas con mayor capacidad por su falta de rentabilidad?
Nuestro Alcalde sigue empeñado en vendernos una economía basada en el puerto, pero los buques amenazan con irse a Gibraltar por el elevado precio de las tasas portuarias o no se ha tenido en cuenta el desarrollo del puerto de Tánger Mediterráneo; mientras esperamos que se construya la terminal de contenedores, seguimos siendo el puerto que mayor tráfico pierde de España (un 21,37% a octubre de 2003, según datos de Portel), o la pérdida del 7,17% en pasajeros, o la caída del 27,34% en contenedores; en el turismo, pero somos incapaces de atraer un turismo con un potencial de gasto que al menos cubra el coste de subvencionar el billete; las pernoctaciones en los hoteles aumentan pero disminuye la estancia media a 2,15 desde el 2,66 del año pasado; y en la industria ligera con clara vocación exportadora, sin embargo no acabamos de crear un simple polígono industrial. Y para el comercio a esperar el estudio que desarrolla el Ministerio de Economía. La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) hasta ahora sólo nos ha sorprendido con un nuevo varadero.
Claro que tenemos futuro, pero desde que nuestro Partido Popular lleva en el poder sólo ha sabido potenciar una economía subvencionada de planes de empleo que le permita seguir aprovechando una cantera de votos agradecidos. Primero hemos de potenciar la formación, más del 90% de nuestros parados inscritos en el INEM tienen como nivel de estudios la Enseñanza General Básica o menos, frente al 84% del año anterior; los Planes de Empleo deben servir para adiestrar a nuestros parados en un empleo. En segundo lugar utilicen las herramientas que tienen a su alcance para crear un tejido empresarial que abra nuevos sectores, conviertan a la sociedad Procesa en una verdadera empresa de capital riesgo y no en una mera oficina de reparto de subvenciones; usen el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) como una herramienta de política económica y no como simple instrumento de recaudación; creen una verdadera política de turismo basada en nuestro patrimonio histórico, en el deporte y en la cultura, definan de una vez qué uso le van a dar a las Murallas Reales y atraigan el turismo de Marruecos; creen una industria especializada en las nuevas tecnologías que precisen de poco espacio físico y recursos naturales, desarrollen la sociedad de la información potenciando la instalación de nuevos operadores; .... Y mientras que nuestro sector comercial sea la principal fuente de empleo tras las administraciones públicas colaboren para que pueda superar la crisis que atraviesa.
Ni me considero un agorero, ni un derrotista ni mucho menos un intelectual, y por falaz a los datos me remito; tan sólo me preocupa mi ciudad y como considero que hay proyectos para crecer así lo escribo porque así lo veo, sé que pueden hacerse las cosas de otra forma para poder darle un futuro esperanzador a mi pueblo, tan sólo eso me mueve.

18/01/2004

Un lugar en el paraíso

Se acercan las elecciones y con ellas empiezan las guerras internas en los partidos para buscar un lugar en las listas que les permitan poder optar a ese puesto en Madrid tan codiciado por nuestros políticos, pues asegura un buen sueldo y unas mejores relaciones; debido a la escasa representación que nuestra ciudad tiene en las Cortes, dos senadores y un diputado, estas luchas se hacen mucho más feroces, sobre todo en aquellos partidos que pueden tener alguna opción a obtener el respaldo de los electores. Y es en el Partido Popular donde parece que estas disputas están en su fase más apasionada.
Pero quizás deberíamos conocer algo más del desempeño que han realizado nuestros parlamentarios. La actuación de nuestro Diputado en el Congreso, Sr. González Pérez, puede decirse que ha sido inexistente, a lo largo de los cuatro años que ha durado la legislatura ha tenido sesenta y seis intervenciones y once iniciativas, muy lejos de las 136 iniciativas presentadas en la primera legislatura que obtuvo el acta de diputado o las veintinueve de la legislatura anterior; parece como si su larga estancia en el cargo le fuera causando una especie de cansancio parlamentario que le impide aportar ideas para legislar nuestro país. Recordar que se hizo famoso allá por octubre del año 2002 cuando su nombramiento como asesor de una empresa de seguridad hizo correr ríos de tinta en la prensa canallesca obligándole a no asumir ese cargo, que aunque no fuera incompatible con su puesto de diputado si que era más que moralmente reprochable que un vocal de la Comisión de Justicia e Interior, encargada de realizar las normas de funcionamiento del sector se siente en el consejo de administración de una de esas empresas; pero para el Partido Popular parece que el mal entendido liberalismo les permite mezclar sus intereses privados con los públicos sin tener en cuenta cualquier ética.
El senador Sr. Morales Montero ha pasado inadvertido en la Cámara Alta sus intervenciones en el Pleno se limitan a dos mociones sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y dos preguntas orales; y tan sólo ha realizado una pregunta en una comisión. Un gran bagaje para cuatro años de mandato que posiblemente le permitan repetir en la candidatura. En cuanto al Sr. Fernández Cucurull quizás sea el parlamentario más preparado de los tres, ha intervenido en doce proyectos de ley, ha presentado dos mociones en el Pleno y una en una Comisión y realizando tres preguntas orales en el Pleno. Su última intervención ha sido una apasionada defensa de los Presupuestos Generales de 2004 actuando como portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado. Pero su momento estelar fue en la defensa de la moción en la que se instaba al Gobierno de la nación a la realización de una campaña de comunicación que mejorara el conocimiento de las ciudades de Ceuta y Melilla, en aquella ocasión de febrero de 2003 exigía a su gobierno que cumpliera lo que la ley le obliga. De aquella campaña no volvimos a saber nada más, cuáles han sido las acciones que desarrollan esa moción, como todo lo que ha realizado nuestro Partido Popular: mera campaña publicitaria.
Nuestros parlamentarios mas han sido miembros de un partido que defensores de los intereses de nuestra ciudad, pero nada extraño hay en ello en el sistema político del que disfrutamos, son los partidos los que mandan y ordenan cuando se ha de levantar la mano para votar.
Las listas de las próximas elecciones parecen casi cerradas y si bien en el Congreso está bien claro que nuestro ético representante repetirá en su cuarto mandato, la segunda plaza del Senado está en duda ante los deseos del presidente regional del Partido Popular para encabezar las listas y nuestro funcional cargo parece no estar dispuesto a abandonar su escaño. Lo peor es que nosotros no decidiremos por lo que han hecho nuestros electos miembros de las Cortes, porque si por ello fuera pocos votos deberían conseguir ante la escasa defensa de nuestros intereses que han realizado.


11/01/2004

La Memoria del CES

El pasado mes el Consejo Económico y Social (CES) aprobaba su Memoria Socioeconómica y Laboral de Ceuta correspondiente al pasado año 2002. Como siempre hemos de felicitarnos por la mejor obra de estudio de nuestra ciudad en el ámbito económico, a pesar de ser la única, a través de sus más de trescientas páginas nos empapamos de datos y datos que difícilmente podríamos encontrar conjuntamente, a pesar de ello son muchas las deficiencias que siguen aquejando a esta obra y que deben ir corrigiéndose en nuevas ediciones.
Nuevamente se presenta con un desfase temporal excesivo, un informe de este tipo, que pretende ser compendio de nuestra economía, no puede hacerse público con más de diez meses de retraso de los datos que analiza e igualmente sin ningún tipo de explicación que lo justifique, aunque de una forma informal aducen retrasos en el envío de la información por parte de las Instituciones que deben suministrársela; mientras el CES estatal aprueba su memoria en el mes de mayo, el nuestro debe esperar hasta el mes de noviembre para hacerlo, quizás deberíamos exigirle a nuestro organismo local un calendario que se acerque un poco más a los de sus correligionarios.
Aunque el lenguaje es más coloquial que en años anteriores, siguen produciéndose errores tanto sintácticos como ortográficos que parecen echar en falta una prueba de corrección o segunda lectura (que es como siempre se han realizado los informes de este tipo, unos los escriben y otros los leen), pero parece como si esa segunda lectura no hubiera pasado por el texto (ni tan siquiera el corrector de texto del ordenador). El Informe sigue pecando de esa idiosincrasia científica y no es capaz de añadir una simple hoja con el significado de los acrónimos o de algunos de los términos usados, como si cualquier lector fuera capaz de conocer que es el ISM, el M3 o cualquiera de las siglas utilizadas. O qué medida de longitud es la valla ( puesto que el puerto construye 305.6).
Siguen faltando datos individualizados de nuestra ciudad, aunque esta vez el informe se abstiene de hacer comentarios sobre la bondad de los mismos, sigue sin señalar que hay datos que corresponden a Andalucía, Ceuta y Melilla. Nuestro CES debería posibilitar el estudio de estas cifras no sólo solicitar la creación de una oficina estadística para nuestro pueblo. Tampoco existe un gran rigor en algunos de los datos que nos suministra, así, por ejemplo, si al analizar la población ceutí nos indican que se ha producido un descenso de la misma de un 1,31%, nueve páginas más adelante nos demuestran lo contrario mostrándonos un cuadro donde la población se incrementa un 0,605%.
El Informe se empeña en demostrarnos que la ciudad vive en crisis, pero los datos que aporta parecen indicar lo contrario: el Valor Añadido Bruto a precios básicos se incrementa un 3%(aunque luego el dato que nos dan de la Fundación de las Cajas de Ahorro se queda en un 2,12%) “reflejo de una economía moderna y asentada, dado que grandes crecimientos corresponden a economías en desarrollo y decrecimientos a economías en recesión”; el sector industrial tiene un crecimiento de esta variable de un 9,55% por lo que “se puede pensar que nos encontramos en una fase expansiva”; y el sector de la construcción “vive un momento dulce”; el número de hogares que pueden dedicar dinero a ahorrar es el 55,8% (dato conjunto para las ciudades de Ceuta y Melilla), el más alto de España, cuya media es el 35,4%; el número de personas afiliadas a la Seguridad Social se incrementa en un 6%; o “como signo positivo de la economía es el aumento de la contratación un 16,4%”; la apertura de centros de trabajo se ha aumentado en un 19%. Con todos estos datos difícilmente puede concluirse que estamos dentro de una crisis.
Las sociedades municipales se estudian a través de sus presupuestos e incluso algunas con previsiones (sic), cuando en las fechas que se realiza el Informe deberían estar presentadas las cuentas en el Registro Mercantil tal como exige la legislación vigente, no entiendo como no se analizan estas cuentas y sin embargo si pueden analizarse las subvenciones abonadas por cada medida de ayuda al empleo o a la inversión de los fondos europeos el año pasado. No quiero ni pensar que ello sea así porque esas cuentas ni se presentan en el tiempo ni en la forma exigidas por la ley.
A pesar de que la Memoria es la mejor recapitulación de datos de la ciudad deja mucho que desear en la exposición de los mismos, el primer capítulo dedicado al entorno económico internacional es una mala explicación de lo que pasó en el año 2002, y por eso en noviembre nos dicen que “el año 2003 se presenta con más incertidumbres de las que razonablemente se puede asumir para un análisis objetivo de las perspectivas”, a estas alturas del calendario deberían estar estudiando las cifras del 2003 no sus perspectivas. Los responsables del informe deberían realizar una segunda lectura del mismo para efectuar las correcciones oportunas que le den una interpretación más acorde con la realidad económica de nuestra ciudad y no dejar en personas que desconocen nuestra sociedad la redacción del mismo, también debería existir la figura de un director del trabajo que le de unidad al texto pues se nota que ha sido realizado por distintas personas. Por último rogarles que adelanten en todo lo posible su presentación, pues no se puede mandar en septiembre del año 2003 la memoria del 2001 como si fuera una novedad.

04/01/2004

El "pelotazo" del Gran Casino

Parece que el Sr. Vivas se ha empeñado en donarle graciosamente a la empresa Gran Casino de Ceuta la cantidad de 2.885.000 euros (unos 480 millones de pesetas) por su huida del Parque Marítimo del Mediterráneo, cantidad que ya consideré en otro artículo como un dispendio, menos mal que nuestro Alcalde nos prometió transparencia en sus actuaciones y creo que hay demasiadas cosas oscuras en esta operación.
En primer lugar, se trata de una Concesión Administrativa concedida por la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento de Ceuta y que se cedió con todos sus derechos y deberes a la sociedad Gran Casino, como supondrán cuando uno adquiere un compromiso con la Administración no puede marcharse cuando quiera. Existen unas causas por las que se puede resolver el contrato y creo que no se produce ninguna (muerte del contratista, declaración de quiebra o suspensión de pagos, etc.) o el mutuo acuerdo entre las partes, que es por donde debe entenderse esta rescisión de la concesión, pero si el titular es la Autoridad Portuaria ¿no debería realizarse la negociación con ella? O al menos debería dar el visto bueno a esta cesión tal como indica el contrato que obliga al concesionado, sin embargo la Autoridad Portuaria duerme el sueño de los justos.
En segundo lugar, el Informe que presenta nuestro refutado técnico de Procesa al Consejo de Administración y que su Presidente firma asumiéndolo en su totalidad contiene bastantes inexactitudes que pudieron provocar en los consejeros una confusión por la que la decisión que tomaron no fue la correcta, al no ser exactas las informaciones vertidas en ese informe. Así habla de “recuperar la concesión por un importe de 2.885.000 euros”, considero que no se recupera la concesión, pues ésta la recuperaría la Autoridad Portuaria, sino que se trata de un nuevo contrato, no de la recuperación, el Ayuntamiento no tiene esa potestad una vez cedidos sus derechos.
A continuación el Informe nos dice que se han realizado dos tasaciones independientes, pero lo que no indica es que ambas tasaciones se han basado en la Orden ECO/805/2003 que tiene un ámbito de aplicación bien definido y que no se da en este supuesto, al igual que, desde mi punto de vista, se producen varios errores en el cálculo del valor de mercado y del valor de capitalización, por lo que estaríamos ante dos valoraciones que no mostrarían un valor de tasación adecuado a la situación en que nos encontramos.
Y señala el Informe “El valor contable de los activos a trasmitir según balance de la empresa es de 3.415.317 euros, una vez aplicadas las amortizaciones correspondientes al ejercicio 2003”; pues bien, el dato lo obtiene nuestro refutado técnico del Dictamen realizado por el Consejo Económico y Social (CES), pero le falta la frase que entre paréntesis añade el CES “están incluidos los activos que quedarán en poder del Gran Casino”. Es decir que nuestro refutado técnico nos dice que lo que el Casino nos quiere vender vale lo que nos vende y lo que se queda y se queda tan ancho aseverando que la oferta de la empresa es un chollo porque es un 14%, un 16% y hasta un 38% más barata de lo distintos precios que nos dan. Esto es mirar por los intereses de nuestra ciudad, sí señor.
Pero aún insiste en su Informe diciendo que “Si además tenemos en cuenta el compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo reiteradamente manifestado por la sociedad con la presentación de un plan a requerimiento del CES”, sin embargo el CES nos dice: “un punto problemático relacionado con el traslado, sería la pérdida de personal, puesto que una vez trasladados al hotel la plantilla pasaría de 38 personas a 32 (pérdida de seis empleos directos)” y más adelante “A lo largo de los próximos años se tiene pensado optimizar el servicio, mediante una reducción de la plantilla hasta los 28 trabajadores”. ¿Dónde está “el compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo”? Con esos datos la plantilla se reduce un 26%, se dan opciones de recolocar a ciertas personas en el Hotel Tryp, pero el hotel ¿no tendría ya previstas esas contrataciones?
Y nos acaba el Informe con una sentencia inapelable “la conveniencia de recuperar la concesión en las condiciones de la oferta de Gran Casino Ceuta (...) se haría con la plena seguridad de que en la misma se estarían adoptando todas y cada una de las recomendaciones y cautelas indicadas por el CES, constituyendo además a resueltas de las valoraciones técnicas efectuadas el precio ofertado de 2.885.000 euros un precio razonable en virtud de los activos a recibir”.
Pues bien de las tres recomendaciones que realiza el CES, pues la otra es la no determinación sobre el valor de la transacción, no se cumplen dos: no hay mantenimiento de empleo y se especula con el valor de transmisión. Y el precio razonable será bajo sus erróneos razonamientos.
¿Cuáles pueden ser las soluciones? Nos encontramos ante una empresa que ha dejado morir su negocio sin prestarle la mínima atención y a pesar de que en el año 2003 obtiene beneficios. En vez de potenciar las otras líneas de actividad (restaurante, discoteca, sala de convenciones) las cierra o las infravalora, habría que analizar qué plan de negocio hizo en el año 1996 para que se le otorgara la concesión del Castillo del Parque y la de Casino de Juego y a partir de ahí comprobar qué ha hecho por salvar el negocio, de sus actuaciones lo único que se desprende es unas ganas locas de quitarse de en medio y sacar la mejor tajada posible.
Si la empresa se encuentra tan mal, que en primer lugar plantee una suspensión de pagos, que difícilmente se la admitiría un juez dando resultados positivos. Y si desea marcharse porque considera que no obtiene los beneficios que su inversión le da en otros paraísos, que se vaya, pero que se atenga a las consecuencias que los incumplimientos de contrato con las Administraciones Públicas conllevan (pérdida de las concesiones administrativas, la imposibilidad de acudir a otras concesiones, etc.). El Ayuntamiento no es Cáritas, muchas de nuestras empresas pasan por graves problemas y nuestro Alcalde no les da tantas facilidades, parece como si no se supiera negociar con una empresa que no sea de Ceuta.
Y en todo caso, si hubiera que acudir a un acuerdo entre las partes habrá que hacer una valoración correcta de los bienes. Según los datos contables de la empresa, el valor neto de los bienes que quiere traspasar son unos 2.370.000 euros, es decir unos 515.000 euros (casi 86 millones de pesetas) menos de la oferta que presenta la empresa, es decir que el precio que da la empresa es un 21,73% más caro de lo que marcan sus libros.
Y existe otra posibilidad para valorarlo que se ajustaría más a los intereses de nuestro Ayuntamiento, ya que se trata de una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria acudamos a lo que dice la Ley si aquélla se viera obligada a recuperarla, es decir lo que se entiende como rescate de la concesión, término que han utilizado en más de una ocasión aunque no es esa figura administrativa la que se produce con el Casino. La Ley de Puertos del Estado nos dice que la valoración del rescate de las concesiones se hará con arreglo a lo dispuesto en la legislación de costas y la valoración que en ésta se obtiene no alcanza la cantidad de 1.300.000 euros, algo así como 1.585.000 euros menos (casi 264 millones de pesetas) de lo que ofrece la empresa.
Si añadimos que no se sabe que hacer con las Murallas Reales pues llevan años con la definición del Plan de Utilización, ¿creen que sabrán qué hacer con el Castillo del Parque? Y encima le financiamos las obras en el Hotel Tryp, o al menos eso se desprende de la aprobación de un crédito extraordinario para el Hotel en el que existía una partida que indicaba adaptación para el casino de juego. Y por qué en el Tryp si el Gran Casino prefería el Parador ¿será que la Administración Central se ha olido la jugada o el Ayuntamiento no ha querido que entre en el juego?
Sé que al Sr. Carreira no le gusta la palabra “pelotazo”, pero si quiere utilizamos la que uso el Sr. Alí “vergüenza”, aunque para ser más exactos esto es una especulación simple y llanamente. ¿Qué intereses está defendiendo el Sr. Vivas con la aceptación del precio que ofrece el Gran Casino de Ceuta S.A.? Todavía podría corregirlo en el Pleno ¿lo hará?

A los 100 días de su llegada

Se cumplen los famosos cien días, que suelen darse a los políticos para hacer balance de sus actuaciones, de la toma de posesión de nuestro nuevo Delegado del Gobierno socialista, D. Jerónimo Nieto. Aunque el tiempo transcurrido es demasiado corto para poder conocer cuáles serán las bases que definirán su mandato y al menos hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado no se podrá conocer la implicación del actual gobierno con nuestra ciudad y hasta donde llega su influencia y su disuasión con el gobierno central, sí podemos hacer un acercamiento a sus primeros gestos.
En primer lugar hay que destacar en nuestro nuevo Delegado varias cualidades que pueden favorecer el desempeño de sus responsabilidades políticas: su tranquilidad, su capacidad de diálogo y su compromiso social, pueden ser las virtudes que le definan en una aproximación inicial. Parece un hombre tranquilo, no sólo en sus gestos y palabras, sino sobre todo en sus actos, hay que reconocer que para modificar la Administración periférica se está tomando su tiempo, todavía en estos cien días no ha realizado todos los cambios, lo que debe hacer pensar que está reflexionando sobre la capacidad de los candidatos que le presentan y estudiando su adaptación al puesto antes de tomar la decisión de su nombramiento.
Desde que llegó ha ido reuniéndose con todas las fuerzas políticas y agentes sociales a petición propia o de los interesados, la primera vez que un Delegado lo hace, cuestión que habrá que describir como un mérito suyo y demuestra el interés que tiene por conocer la situación de nuestra ciudad desde el punto de vista de todos los implicados. En esas reuniones ha intentado conocer los problemas que tiene Ceuta y las soluciones que cada grupo aporta. Y parece ser una persona receptiva, al menos por las decisiones que empieza a tomar tras oír a las distintas partes.
Su compromiso social se notó sobre todo en la toma de posesión del Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo, cuando al discurso rebosante de ideología socialista con el que impresionó el Sr. Moya, le contestó apoyándole y exigiéndole que hiciera hincapié en que los Planes de Empleo deberían estar dirigidos hacia los colectivos más necesitados y permitieran la inclusión de estos grupos en la sociedad.
Y también hay que señalar el compromiso que ha asumido con la ciudad, su presencia en el salón de Plenos del Ayuntamiento respaldando la moción sobre la constitución como Comunidad Autónoma de nuestro pueblo es un ejemplo, esa asistencia supone el que el Gobierno de España respalda la decisión tomada por los concejales de nuestro Ayuntamiento, gesto que debería merecer una reflexión a más de uno sobre el planteamiento de la autonomía que hace nuestro Gobierno y su implicación con nuestra ciudad.
En cuanto a sus acciones me gustaría resaltar dos a las que ha sabido dar una rápida solución, por un lado el problema que tenían los pescadores y que desembocó en un problema de orden público, supo resolverlo sin tener que acudir a la fuerza y por primera vez nuestros pescadores empezarán a cobrar las ayudas que la Unión Europea facilita por las diferentes paradas biológicas. Por otro lado, a los pocos días de asumir su cargo se encuentra con la desagradable noticia de que las obras de nuestro soñado hospital se han paralizado (después el Partido Popular señala que el traspaso de papeles entre administraciones fue ejemplar), en un tiempo récord consigue ampliar el presupuesto para continuar las obras y que éstas se reinicien. Lo que demuestra que nuestro nuevo Delegado debe conocer bien el funcionamiento de la Administración Central para que en casi un mes se lograra poner en marcha su maquinaria para modificar el proyecto y que la ministra lo visara.
Pero también hay cosas que me hubiera gustado que explicara mejor, como las formas que se han utilizado a la hora de seleccionar el personal de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), pues puede que las personas actualmente contratadas sean más adecuadas que las que había antes según los Planes de Empleo más sociales que pretende desarrollar el nuevo Delegado, pero se podrían haber comentado las razones que hicieron cambiar los criterios de selección de las personas, al menos para hacer realidad esa idea del nuevo Gobierno de acercamiento a los ciudadanos y de transparencia que tanto ha prometido. Igualmente los comentarios que hizo sobre la situación de la sanidad en nuestra ciudad, indicando que gozaba de una buena salud, quizás ahí su asesor de imagen se pasó en el informe y le evitó señalarle la gravedad en que se encuentra. Y sobre todo he tomado nota de sus declaraciones a un periódico local en las que indicaba que pediría a nuestro Presidente del Gobierno que visite la ciudad en esta legislatura, tal como el propio José Luis Rodríguez Zapatero prometió en su primera visita como líder de la oposición, y él dice que siempre cumple sus promesas.

El Informe del Tribunal de Cuentas: XI Conclusiones

A lo largo de los artículos anteriores he intentado acercarles un resumen del Informe que el Tribunal de Cuentas ha realizado sobre el periodo 1998 a 2001, años en los que han gobernado durante un año y medio Jesús Fortes, otro año y medio Antonio Sampietro y casi un año Juan Vivas, para que pudieran obtener sus conclusiones sobre la gestión de cada uno de ellos.
Son demasiadas las anomalías encontradas por el Tribunal para que pasen desapercibidas, no sólo referidas a la etapa del Grupo Independiente Liberal (GIL) de las que sobresalen sus tropelías en los gastos de representación (el viaje a Argentina, la peregrinación a Santiago del Sr. De La Rubia o los 18 millones de pesetas que se gastaron los jefes de gabinete y secretarias de la Presidencia sin justificación documental) o su especulación con la Manzana del Revellín (de la que todavía hoy el Partido Popular sigue sin querer aclararnos las cosas), cuestiones que eran esperadas por el funcionamiento que tenía este supuesto partido político. Pero tampoco debe asustar mucho pues, si el Sr. Sampietro se gastó algo más de 38 millones de pesetas en el año 2000 en gastos de representación y protocolo, el Sr. Fortes hizo lo mismo con casi 37 millones en el año 1998, o incluso llegó a pagarle a El Pueblo de Ceuta casi dos millones de pesetas por publicar la conferencia que dio en Madrid el 31 de marzo de 1999.
Más preocupante es la situación de descontrol interno que sufre nuestro Ayuntamiento y digo sufre porque de las recomendaciones dadas por el Tribunal, a excepción de la contención de los gastos de representación, las demás siguen sin tomarse las soluciones que pongan fin a la caótica situación en que se encuentra, lo que demuestra que a pesar de que la problemática es antigua, en los casi tres años y medio que lleva en la poltrona de la Plaza de África, el Sr. Vivas no ha sido capaz de atajar los problemas con que se encontró, lo que empieza a demostrar que la imagen de gran gestor que nos vendieron, fue sólo eso, imagen.
El Ayuntamiento carece de una organización interna que permita utilizar con eficacia sus recursos, los distintos departamentos creados mezclan sus responsabilidades con las numerosas empresas municipales, empresas que podrían ser departamentos del propio consistorio o que deberían desaparecer por cuestiones técnicas (al hallarse en quiebra o casi) pero es práctica de nuestros políticos el crear una empresa cuando tienen un problema. El Sr. Vivas insiste en ello y para ello en el presupuesto del año 2001 asignaba presupuesto para la creación de doce sociedades mercantiles más, de las que ya ha visto la luz la empresa de Ora y Grúa. A día de hoy nuestro Alcalde sigue empeñado en crear nuevas empresas, a pesar de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y ahora tiene en estudio la creación de una Sociedad de Servicios de Apoyo.
Pero los departamentos que deben realizar el control siguen sin tener el personal suficiente (los Servicios Jurídicos, los de Tributos o el de Intervención) vaya a ser que se pasen en su celo profesional. Si el Tribunal se quejaba de que los puestos decisivos de Intervención y Tesorería no estaban cubiertos por personal con los requisitos legalmente establecidos, ahora se une el de Secretario. Los tres son accidentales con lo que la independencia con la que deben actuar puede quedar limitada al ser nombrados a dedo y la posibilidad de ser destituidos si sus actuaciones no entran dentro de los planes de nuestro Alcalde. Incluso el Sr. Vivas se permite el lujo de retribuir ilegalmente al Interventor, pues la Ley de Haciendas Locales define la función interventora incluyendo el control de la gestión económica, no sólo de la corporación municipal, sino también de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles y nuestro Alcalde ha aprobado una retribución de 60.000 Ptas. mensuales para el Interventor accidental por cada sociedad municipal. Una vez conocido este incumplimiento ¿obligará el Sr. Vivas a devolver las cantidades incorrectamente percibidas por el Interventor accidental como hizo con el Sr. Iñiguez o le permitirá continuar con éstas ilegales prebendas?¿Continuará con las actuales designaciones a dedo u otorgará definitivamente las plazas a funcionarios con los requisitos que la Ley exige para que puedan tener la independencia que el control de los fondos públicos requiere?
Sigue sin realizarse la Relación de Puestos de Trabajo, cuestión a la que obliga la Ley además de ser una promesa electoral, lo que ha permitido al Sr. Vivas pasar de tener un 14,56% de personal no funcionario en el Ayuntamiento en el año 1998 a un 47,52% en el año 2001, dándose el mayor incremento de contrataciones de personal no funcionario en ese año con 508 personas, ahora achacan el retraso al Ministerio de turno. Al no estar definidos los puestos de trabajo del Ayuntamiento, le permite al Sr. Vivas contratar según sus deseos lo que induce, como denuncia el Tribunal de Cuentas, a no garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, vulnerándose el Convenio Colectivo del municipio. Con lo que se crea un aparente nexo entre trabajo y voto.
Hay que resaltar el posible problema que puede plantear el personal de las Sociedades mercantiles, pues en sus Convenios se incluyen cláusulas de que pasarán al Ayuntamiento en caso de cese o disolución de la empresa, si a ello se añade la falta de control en la selección de personal por parte del consistorio quien es el último responsable, estas empresas se transforman en una puerta trasera para convertirse en funcionario sin tener que realizar las exigentes pruebas de unas oposiciones. Además, como ya he señalado en otros artículos, la creación de las distintas cooperativas ha creado un problema de incertidumbre para el Ayuntamiento, pues ya ha recibido varias sentencias de la jurisdicción laboral condenando al consistorio a la readmisión de los despedidos de estas cooperativas, pues se puede considerar que tiene la responsabilidad subsidiaria y por tanto reconocerles sus derechos. Igual ocurre con el personal de los Planes de Empleo.
El grupo de empresas municipales es una constante sangría de recursos, que han supuesto al Ayuntamiento unas pérdidas de casi 10.000 millones de pesetas en los últimos cuatro años, pero lo preocupante es que si en el año 1998 perdían 1.417 millones, en el 2.001 pierden 3.783, un 267%, la tendencia de estas empresas a lo largo de los dos últimos años no ha mejorado y así en el año 2004 nos encontramos que el Ayuntamiento prevé transferir a sus sociedades un importe cercano a los 5.150 millones de pesetas. Si añadimos la deuda que tienen estas empresas 7.220 millones de pesetas al finalizar el año 2001, la situación financiera del Ayuntamiento debe superar con creces el famoso 25% de endeudamiento legalmente establecido, pero la utilización “contable” de estas sociedades permite diluir la deuda y evitar tener que pedir autorizaciones y sobre todo dar explicaciones.
En cuanto a las contrataciones que realiza el Ayuntamiento de obras y servicios deben evitarse la utilización de los procedimientos de urgencia, sobre todo cuando luego se tardan más de seis meses en otorgar el contrato o en ejecutar la obra o servicio que urgía, y sobre todo porque es una forma fácil de saltarse algunas normas de control. Es necesario que se supervisen los pliegos de condiciones y ejecuciones de obras para evitar que deban modificarse una vez otorgados los concursos, lo que conlleva el incremento del precio y de la duración (en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo recuerden el caso de la desalinizadora que incrementó su precio más de un 55%; o los retrasos y modificaciones en el Desdoblamiento de las Palmeras o en el agujero negro de la Manzana del Revellín).
El Ayuntamiento debe realizar de una forma perentoria el desarrollo de una normativa para la entrega de subvenciones, a pesar de la moción de urgencia que presentó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobada por unanimidad y de la que nunca más se supo, sobre todo para que el ciudadano sepa como obtenerlas y que dejen de otorgarse de una forma subjetiva que puede inducir a beneficiar a grupos cercanos antes que al interés del municipio.
Nuestro Ayuntamiento necesita una buena reforma, pero para ello es necesario tener voluntad política para acometerla y nuestro Alcalde no parece tener la bastante para desterrar los vicios de nuestra corporación municipal, sino que nos está hundiendo cada vez más en ellos, endeudando a la Ciudad y sin dar soluciones que nos permitan ver un futuro de prosperidad para los ciudadanos.