El Informe del Tribunal de Cuentas: II Organización y Control Interno

El Ayuntamiento ha carecido en el período fiscalizado (1988-2001) de un plan de organización que regulase el funcionamiento e interrelación de las distintas unidades. Los organigramas no responden a la realidad de su estructura pues no contemplan aquella parte de la gestión que se lleva a través de las entidades creadas (veintiuna, entre Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y Entes Públicos) que han provocado disfunciones entre los distintos departamentos.
Se ha carecido de instrucciones de organización y métodos, cuyos contenidos describieran las competencias funcionales de los distintos órganos y unidades creadas, de forma que se permitiese la debida coordinación e interrelación entre ellos.
En el asesoramiento legal no se ha creado un Servicio Jurídico propio hasta el ejercicio 2000, resultando precaria su dotación de recursos en dicho año y en el 2001, lo que ha permitido la contratación de servicios externos, algunos con actuaciones no justificadas y han supuesto unos gastos superiores a los 100 millones de pesetas.
La estructura del órgano interventor carece de medios materiales y humanos para atender con eficacia las labores de control y verificación que demandan las Entidades Públicas, lo que compromete el control interno.
En la organización de los Recursos Humanos no se ha procedido a la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo según exige la legislación vigente, donde se la define como el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, precisando para ello determinar los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo.

La función interventora no ha sido ejercida por funcionarios que ostentasen habilitación de carácter nacional conforme exige la normativa aplicable; tampoco lo ha sido la tesorería. Al no presentarse los informes de fiscalización evacuados por el Órgano Interventor no se puede constatar la existencia de la intervención previa con la amplitud que señala la ley. No se ha llevado a cabo la fiscalización posterior, denominada plena.
El control financiero no ha sido llevado a cabo en toda su extensión. En las Sociedades Mercantiles se ha realizado a través de auditorías privadas sin tener en cuenta que éstas no pueden sustituir el control del Órgano Interventor quien tiene atribuida dicha función. No obstante lo anterior se ha constatado la existencia de retribuciones al Interventor del Ayuntamiento por parte de las Sociedades Mercantiles en concepto de asesoramiento contable, hecho que no es coherente con lo preceptuado para el ejercicio de esta función en la Ley de Haciendas Locales y se opone a lo preceptuado en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
No existe un mecanismo de planificación ni de control posterior que permita al Pleno del Ayuntamiento el conocer que los fondos públicos transferidos a todos sus organismos públicos son coherentes con las necesidades de financiación valoradas objetivamente y que la aplicación de dichos fondos es concordante con los principios de legalidad, eficiencia y economía que son exigibles. Además el Informe evacuado el 8 de mayo de 2001 por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo señala que “la fiscalización que compete al órgano fiscalizador de la Ciudad no se ha realizado con la regularidad e intensidad mínimamente deseables”.
No se ha exigido a los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles participadas la justificación del empleo dado a las transferencias realizadas que han ascendido a 13.544 millones. Las Sociedades Mercantiles mayoritariamente participadas no han elaborado el preceptivo Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) por lo que el Pleno del Ayuntamiento no ha podido controlar su planificación inicial ni la coherencia de los fondos transferidos con las necesidades que se pretendían financiar. El Ayuntamiento no ha ejercido control objetivo sobre los Recursos Humanos contratados en dichas Sociedades, a pesar de la responsabilidad subsidiaria que recae sobre él.
En el ámbito de la seguridad y custodia de los activos se pone de manifiesto la inexistencia de mecanismos procedimentales para la custodia de los bienes municipales, en la medida que no se ha implantado ningún sistema que permita su identificación, localización y su debido control físico periódico. Las debilidades del control interno no permiten conocer con exactitud ni el número ni la valoración de los bienes municipales.
En relación con la custodia y seguridad de los recursos tributarios no existe una separación efectiva entre el ejercicio de las funciones de gestión, recaudación, contabilización e inspección de estos recursos por parte de las distintas unidades del Ayuntamiento que las gestiona, situación que se hace más compleja al intervenir en el proceso recaudatorio una sociedad municipal “Servicios Tributarios, S.L.” que, además, interviene en actos que implican ejercicio de autoridad, lo que no está permitido por la normativa aplicable.

El Informe del Tribunal de Cuentas: I Objetivos y Limitaciones

El Informe que ha realizado el Tribunal de Cuentas tiene como finalidad la fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y sus Sociedades participadas correspondientes a los ejercicios 1998 a 2001, por orden de las Cortes Generales. Este voluminoso Informe debería ser libro de cabecera de nuestros políticos y a él deberían tener acceso todos los ciudadanos para que conocieran qué es lo que no debe hacerse con la gestión pública. Comprende un período con tres gobiernos municipales: el de Fortes, el de Sampietro y el de Vivas, por ello permite sacar conclusiones de cuáles han sido sus actuaciones al frente del Ayuntamiento.
Ante la imposibilidad de que llegue al público en general, a lo largo de este período estival intentaré acercarles el contenido de sus más de trescientas páginas, aunque pueda parecerles tedioso, creo que es necesario que todos los ciudadanos lo conozcamos para que de este modo podamos juzgar con un mejor conocimiento las actuaciones de nuestros gobernantes.
El Informe pretende conseguir tres objetivos: 1) analizar si la gestión económico financiera se ha llevado a cabo de conformidad con la normativa que le es de aplicación; 2) evaluar si la gestión se somete a los principios de eficacia y economía y 3) verificar el control interno de la Ciudad.
La fiscalización, a pesar de contar con la colaboración de los órganos y personal del Ayuntamiento se ha encontrado con las siguientes limitaciones:
1) En cada uno de los ejercicios se ha carecido de las memorias sobre el coste y rendimiento de los objetivos programados, por lo que unido a la falta de contabilidad analítica no se ha podido conocer y analizar el grado de eficiencia y economía de la gestión económico financiera llevada a cabo por el Ayuntamiento.
2) No se ha aportado por el Ayuntamiento la documentación necesaria y suficiente para poder examinar con exactitud el número de personas incluidas en la plantilla presupuestaria por lo que no se ha podido determinar la coherencia contable con los saldos que presenta la liquidación presupuestaria.
3) En ninguno de los documentos examinados dentro del período fiscalizado en relación con las subvenciones concedidas se ha contado con un expediente previamente instruido por lo que no se ha podido analizar con objetividad si excedían del 50% del coste de la actividad que la ley exige.
4) No se ha posibilitado la formación del inventario y el control del inmovilizado material, en la medida que existen deficiencias en sus correspondientes registros que no permiten asumir los importes que forman los saldos contables del Inventario ni la representatividad de la imagen fiel del Ayuntamiento.
5) En el Expediente de Modificación de Créditos del 19 de octubre de 2.001 se incluyen dos partidas de 325 y 465 millones de pesetas sobre los que no se ha aportado la información necesaria que permita valorar su procedencia y efectividad.
Como vemos las limitaciones con las que ha contado el Tribunal de Cuentas han sido amplias y se refieren a los cuatro ejercicios, incluso hace una referencia al año analizado de nuestro actual Alcalde. Es preocupante que no exista una programación de los objetivos que se persiguen con las actuaciones, lo que da a entender que las cuestiones en vez de responder a una planificación y a un proyecto político, se hacen en función de hacia donde sople el viento en cada momento.
Significativo que no se haya podido determinar la plantilla del Ayuntamiento y comprobarla con los saldos de las cuentas de personal, lo que se interpreta como una falta de programación de las necesidades laborales, que conlleva a la práctica tan habitual de las contrataciones temporales sin la existencia objetiva de trabajos preexistentes y llevan a prescindir del régimen general de selección de personal de las Administraciones Públicas y a contravenir el Convenio Colectivo del Ayuntamiento.
Las subvenciones se han otorgado sin un expediente previo, cuestión que exige la legislación vigente, ya hasta el complaciente Consejo Económico y Social (CES) ha exigido en todas sus Memorias Socioeconómica y Laboral la regulación de la concesión de prestaciones sociales y subvenciones, pues esta falta de normativa conduce a otorgar el dinero público de una forma subjetiva y atendiendo más a los intereses políticos del partido gobernante que a los fines sociales que debe perseguir. Además se incumple la legislación pues no se puede subvencionar con más del 50% del coste y ello ha ocurrido con algún club deportivo. La concesión de subvenciones se ha realizado sin sujetarse a procedimientos de control que asegurasen el cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia que han de estar presentes en su gestión.
Más preocupante es la situación patrimonial de nuestro Ayuntamiento, desconoce cual es su patrimonio, un problema que ninguno de nuestros Alcaldes ha sabido solucionar ni parece que actualmente se estén poniendo las medidas para conocerlo. Si uno no sabe lo que tiene, difícilmente puede cumplir con el deber de custodia y seguridad de sus bienes, por lo que pueden producirse pérdidas que afecten al patrimonio de la Ciudad.
Y como colofón, no se aporta la información que justifique el reconocimiento de deudas por 790 millones de pesetas en una Modificación de Créditos de octubre de 2001, lo que puede dejar entrever una falta de control dentro de nuestro Ayuntamiento.

¿Qué ha hecho EMVICESA?

La Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta, S.A. (Emvicesa) es la que debería tener el encargo de nuestro Ayuntamiento para la promoción de viviendas y así subsanar la deficitaria oferta que tiene el sector inmobiliario en nuestro municipio, en el que las casas de renta media o baja casi no existen. Pero nuestra empresa municipal se encuentra en una situación de parálisis que impide poner en el mercado las suficientes viviendas de protección oficial que desahoguen el mercado a pesar de ser una de las mayores exigencias de los ciudadanos.
La posición en que se encuentra Emvicesa, desde mi punto de vista, se debe a tres causas: un problema financiero, otro de gestión y un tercero de adjudicación de viviendas. El problema financiero viene derivado de la operación contable que realizó el Ayuntamiento poniéndola como intermediaria en un préstamo de 4.000 millones de pesetas, en compensación dice nuestro Alcalde de la recaudación del patrimonio municipal transferido. Con esta operación de ingeniería contable, nuestro Ayuntamiento eludía el endeudamiento del 25% que permite la legislación y por lo tanto el de pedir su ampliación y sobre todo el de dar explicaciones. Estos 4.000 millones van a servir para arreglar bordillos en los Planes de Barriadas en lugar de seguir financiando nuevas actuaciones en promociones de viviendas y se traslada al Ministerio de la Vivienda la obligación de realizar fuertes inversiones en casas en la ciudad, además de las transferencias que se hacen de los supuestos dividendos de la empresa (así en el año 2.003 se transfieren casi 1.560 millones de pesetas y en el 2.004 casi 500 millones, según los datos del Presupuesto de nuestro Ayuntamiento). Estos préstamos causan unos gastos financieros en la sociedad de más de 206 millones de pesetas al año. Con estos mimbres difícilmente Emvicesa puede cumplir con su finalidad que es promocionar viviendas.
El segundo problema que vislumbro es el de gestión, desde el año 1.999 han pasado por el cargo cuatro gerentes ( Esquivias, Laguillo, Bernal y Márquez) ninguno de ellos ha sido capaz de generar en la sociedad un nuevo impulso que permita crear nuevas promociones de vivienda o nuevos proyectos de urbanización de nuevas zonas; le duela a quien le duela, todas las actuaciones programadas en la actualidad o ya acabadas vienen de la época del Sr. Fortes ( las dos promociones de El Hacho, Huerta Téllez, Serrano Orive, Avda. de Lisboa, Ybarrola, Poblado Legionario, Sidi Embarek, Patio Páramo, Av. República Argentina, la Urbanización de Loma Colmenar, etc. ). Los nuevos gestores no han sido capaces de crear una nueva promoción o de urbanizar nuevas zonas de la ciudad para crear viviendas. No sé si ante la falta de capacidad o ante la falta de herramientas, pero difícilmente alguien que desconoce el sector puede hacer cambiar la situación de parálisis que tiene la empresa y eso a pesar de los buenos sueldos que cobran por asumir esas responsabilidades.
El tercer problema, que afecta más al ciudadano, son los criterios para adjudicación de viviendas (todos conocemos los problemas que han existido con la entrega de las viviendas de Patio Páramo, la pérdida del primer documento de adjudicación o con las casas de Sidi Embarek), hasta la empresa lo reconoce cuando dice que las normas de adjudicación de las viviendas deben replantearse para acercarlas más al ciudadano (según declaraciones del actual gerente a la prensa local, perdón subdirector general, vaya a perder la excedencia). Estos criterios deberían ser aprobados por el Pleno del Ayuntamiento para darles una mayor validez a los mismos y puedan ser discutidos en un foro público y conocidos por la ciudadanía.
Nuestro actual Alcalde sigue dándonos pruebas de su imagen de gran gestor y sólo ha conseguido endeudar a Emvicesa y le ha colgado una losa financiera para que él pueda arreglar bordillos y la empresa no pueda acometer nuevas promociones, colocando al frente de la sociedad a una persona más acorde al perfil de un controlador que le permita continuar con esta sangría, que la de un gestor que construya casas que es lo que necesita la sociedad. Encima exige a la Ministra de la Vivienda que le haga las casas que el se niega a construir. Eso es una buena gestión.